La aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 en Colombia generó un intenso debate nacional, principalmente por la inclusión de un artículo que permitiría el uso de recursos de las pensiones para cubrir gastos de funcionamiento del Estado.
La medida ha despertado inquietudes en diversos sectores, especialmente tras las alertas del senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, quien advirtió sobre los riesgos que esto representa para la seguridad de los fondos de jubilación de millones de colombianos.
El Congreso aprobó el presupuesto presentado por el Gobierno de Gustavo Petro, que será ejecutado en gran medida por el sucesor del mandatario. La aprobación se logró con 50 votos a favor y 27 en contra, después de que en 2024 se hubiera expedido por decreto debido a la falta de consenso.
El monto final aprobado fue de 546,9 billones de pesos, el más alto en la historia del país, aunque representa una reducción de 10 billones frente a la propuesta inicial del Ejecutivo, que era de 556,9 billones. Esta disminución generó un faltante de 16 billones, por lo que el Gobierno anunció la necesidad de una reforma tributaria para completar la financiación.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación, calificándola como un avance en la gestión fiscal y destacando el compromiso del Gobierno con una administración responsable. Sin embargo, la atención se centra en el polémico artículo 90, incluido durante la discusión en la plenaria del Senado.
Este artículo permite que los recursos de las pensiones puedan destinarse a gastos de funcionamiento del Estado, una medida que ha sido criticada por poner en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones. El senador Efraín Cepeda es uno de los principales críticos y afirmó que "la plata de las pensiones es sagrada, no puede ser utilizada para temas electorales como pretende el Gobierno de Gustavo Petro".
Cepeda denunció que el artículo no fue debatido en las Comisiones Económicas y que su inclusión en la plenaria fue hecha "por la puerta de atrás", la cual, en su opinión, representa un peligro grave para los fondos de jubilación y los ahorros de los colombianos.
El senador advirtió que la medida podría dañar a quienes están cerca de pensionarse, además de abrir la puerta para que recursos destinados a la jubilación sean utilizados para financiar un gasto estatal que, según él, ya ha crecido desmesuradamente. "Los recursos de las pensiones no deben usarse para gastos distintos a los previstos originalmente", afirmó.
Además, Cepeda cuestionó la transparencia del proceso legislativo, señalando que la ausencia de debate sobre el artículo 90 podría invalidar el presupuesto, ya que la Corte Constitucional ha indicado que los temas de fondo deben ser discutidos ampliamente.
La posible afectación a los pensionados y quienes están próximos a la jubilación genera preocupación, ya que el uso de fondos de pensiones para otros fines podría poner en riesgo su futuro económico.
Por otro lado, la controversia sobre la nueva reforma tributaria sigue en aumento, pues el Gobierno necesita recaudar adicionalmente 16 billones de pesos para cubrir el déficit. Cepeda y la bancada conservadora han manifestado su rechazo a gravar a los ciudadanos más vulnerables con nuevas cargas impositivas.
"Rechazamos cualquier reforma tributaria que ayude a gravar el bolsillo de los colombianos más necesitados", señaló Cepeda.
El presupuesto aprobado también contempla recortes en otras áreas, como en la rama judicial, que verá reducidos sus recursos en 660 mil millones de pesos. Cepeda criticó esta decisión, argumentando que estos fondos son esenciales para el funcionamiento y la descongestión del sistema judicial, y que su reducción podría afectar la eficiencia y justicia en los procesos legales.
