En un debate marcado por la polarización, los legisladores del Estado de México aprobaron en lo general la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, un documento de 211 páginas que busca una transformación profunda en la estructura y funcionamiento de este poder. La reforma abarca desde la función jurisdiccional hasta aspectos de carrera judicial.
La mayoría, conformada por Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, respaldó el dictamen, mientras que la oposición integrada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y sectores del Verde advirtió que el proceso de discusión se realizó en último minuto, sin análisis profundo, y señaló que varios artículos podrían ser inconstitucionales.
Aunque algunos bloques presentaron reservas y propuestas de modificación, estas fueron rechazadas por mayoría, manteniendo el texto original de la reforma. La ley abarca 16 títulos donde se regulan temas como jurisprudencia, presidencia del Tribunal Superior de Justicia, órganos de administración judicial, Contraloría Interna, Centro de Mediación y Justicia Restaurativa, y sanciones a servidores públicos, entre otros.
Uno de los aspectos más polémicos es la propuesta de que magistrados y jueces puedan ser elegidos mediante voto popular, una medida criticada por la oposición por poner en riesgo la independencia judicial y abrir la puerta a la influencia política, el financiamiento y la posible corrupción.
La diputada panista Emma Alvarez expresó: “No podemos permitir que se ponga en manos de intereses electorales la designación de quienes imparten justicia”. La oposición también señaló contradicciones en el proyecto, como la posibilidad de que el presidente del Tribunal sea automáticamente magistrado tras su gestión, sin proceso de elección, y que funciones del órgano de administración judicial se solapen con las de la presidencia.
Los críticos advierten que estas irregularidades, además de favorecer prácticas clientelistas y corrupción, podrían ralentizar la justicia al subdividir excesivamente las salas, complicando los procesos en lugar de agilizar la impartición de justicia.
Por otro lado, los defensores, principalmente Morena y sus aliados, aseguraron que la reforma ha sido resultado de mesas técnicas durante tres meses y que busca modernizar y democratizar un poder judicial que ha estado marcado por privilegios y corrupción, con casos de desvío de recursos y altas jubilaciones.
El diputado morenista Octavio Martínez afirmó: “Este es un paso histórico para limpiar y modernizar el Poder Judicial, eliminando sueldos escandalosos y órganos que se protegen entre sí”.
La discusión adquiere urgencia, pues el 5 de septiembre próximos tomarán protesta 91 jueces en el Estado de México, y la mayoría busca que la nueva normativa esté vigente para regular su incorporación. La oposición acusa que esta prisa responde a un interés político por controlar el poder judicial desde su inicio.
El dictamen será sometido al pleno del Congreso estatal el próximo 2 de septiembre en un periodo extraordinario. Si se aprueba, será enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Aunque Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios, el debate promete ser intenso, con reservas que la oposición presentará para corregir supuestas “fallas técnicas” y proteger las facultades constitucionales.
