Una investigación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México reveló actos de corrupción en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM), en los que verificadores exigían pagos ilegales a negocios, principalmente restaurantes, para no imponer multas o clausuras.
Este hallazgo se dio durante la 12ª sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, tras analizar el acuerdo ‘Cero Multas’ firmado en 2024 entre las secretarías de Salud y Desarrollo Económico, destinado a eliminar abusos. Sin embargo, empresarios denunciaron que el acuerdo nunca se aplicó correctamente.
Testimonios recabados por el CPC indican que los inspectores de la COPRISEM suplantaban funciones, inventaban faltas sanitarias y presionaban a los negocios para que entregaran cuotas ilegales bajo amenazas de multas o cierres inmediatos. En sus palabras,: ‘Se identificaron actos de corrupción por parte de verificadores que aprovecharon temas como fauna nociva, plagas, higiene y documentación ausente en las unidades económicas para extorsionar y exigir pagos externos, en especial en el sector restaurantero’.
Los sectores más afectados fueron restaurantes, pequeños comercios y establecimientos de alimentos, donde los verificadores aprovechaban irregularidades en higiene, plagas o requisitos documentales para extorsionar.
El programa ‘Cero Multas’, creado en junio de 2024, se estructuró en tres ejes principales:… Sin embargo, un estudio cualitativo del CPC, con la participación de ocho líderes empresariales que representan a 3 mil de las 90 mil unidades económicas afiliadas a cámaras empresariales, reveló que en la práctica los verificadores ignoraban el acuerdo, clausuraban negocios de forma inmediata o exigían pagos para evitar cierres.
De acuerdo con cifras del Sistema Anticorrupción, el 98% de estos casos no se denuncian, ya sea por miedo o desconfianza en las autoridades. En el Estado de México, la corrupción constituye el delito más frecuente contra las empresas, incluso por encima de la extorsión.
Los datos indican que solo uno de cada 100 actos de corrupción se denuncia, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), muchas de las cuales carecen de recursos para hacer frente a demandas o sobornos. Sectores como alimentos y servicios consideran normal el pago de pagos ilegales.
El CPC propuso un plan ante el Sistema Anticorrupción para enfrentar estos problemas. Por su parte, la Secretaría de la Contraloría deberá investigar posibles colusiones de mandos medios en COPRISEM y aplicar las sanciones correspondientes.
Cabe recordar que la gobernadora Delfina Gómez presentó una iniciativa, aprobada el pasado 10 de febrero, para transferir las funciones y recursos de la COPRISEM al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), con el fin de consolidar la regulación sanitaria en la entidad.
Actualmente, la COPRISEM opera como una coordinación dependiente del ISEM, lo que ha generado inconsistencias legales y administrativas. Su personal, recursos materiales y financieros son gestionados por el instituto, pese a haber sido creada como un organismo descentralizado.
El documento presentado ante el Congreso detalla que la COPRISEM seguirá existiendo únicamente para efectos de liquidación, y todos sus recursos, incluido el personal, serán absorbidos por el ISEM. También se garantiza la protección de los derechos laborales de los empleados durante la transición.
