Huixquilucan, Estado de México, 18 de mayo de 2025.- La familia Vargas Contreras domina Huixquilucan desde hace casi 12 años, tiempo en el que Romina Contreras y el senador Enrique Vargas del Villar han liderado el Ayuntamiento, marcado por señalamientos de corrupción y nepotismo.
Este gobierno panista ha sido uno de los más opacos y controvertidos del territorio mexiquense, con las cuentas públicas frecuentemente cubiertas por acuerdos internos, según datos de la reciente auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
En la revisión de las cuentas del DIF municipal de Huixquilucan correspondientes a 2023, el OSFEM identificó un manejo cuestionable de 98.18 millones de pesos, afectando las finanzas municipales debido a una indebida utilización de recursos.
La auditoría detectó insuficiencia presupuestal en procesos de adquisición, con erogaciones sin sustento en la planificación oficial, además de incumplimiento en las especificaciones y cantidades de bienes adquiridos, contratación de asesorías innecesarias, ausencia de comprobantes de entrega y recepción de bienes o servicios, subejercicios y falta de comprobantes de retenciones fiscales.
Según la Auditoría de Cumplimiento Financiero (ACF-078), que revisó el 25% del gasto del DIF en 2023, el 77% de ese gasto presenta irregularidades. La pareja Vargas Contreras ha mantenido el mismo equipo administrativo en estos 12 años, incluyendo a Agustín Olivares Balderas, tesorero cercano a la familia, que ha estado presente en los diferentes periodos de gestión.
Enriquecer su gestión, Romina Contreras, quien inicialmente fue presidenta del DIF cuando Enrique Vargas fue alcalde, ha continuado en el cargo durante su segundo mandato, de 2022 a 2024, y retomó la alcaldía en enero de 2025.
El Ayuntamiento también ha sido señalado por compras infladas, evidenciado en 17 observaciones y 13 violaciones a los procedimientos administrativos, particularmente en compras de materiales y enseres de limpieza, medicinas, productos farmacéuticos, vestuarios y uniformes, con falta de elementos que acrediten la suficiencia presupuestal en algunas partidas.
Para procurar mejorar su imagen, la alcaldesa ha recurrido a la contratación de encuestas que la posicionan como una de las mejores presidentas municipales del país, en un intento de contrarrestar los señalamientos de corrupción.