La Corte Constitucional de Colombia decidió abstenerse de pronunciarse sobre la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para procesar al exparamilitar Salvatore Mancuso, en una decisión que busca promover una colaboración armónica y efectiva entre las instituciones de justicia transicional. La resolución, tomada tras analizar una demanda relacionada con el caso, resalta la importancia de establecer mecanismos de coordinación entre la JEP y Justicia y Paz para compartir información y avanzar en la construcción de la verdad sobre el conflicto armado colombiano.
El tribunal explicó que esta postura busca fortalecer el diálogo institucional y evitar un enfrentamiento jurídico que pueda obstaculizar procesos de esclarecimiento histórico. La decisión fue adoptada con base en la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cobo, quien indicó que las interpretaciones previas sobre la competencia de la JEP en este caso no tienen carácter de cosa juzgada y que, por tanto, deben reevaluarse en un contexto de diálogo y colaboración.
El análisis recibió el respaldo de que la resolución del Auto 1319 de 2024 en un conflicto de jurisdicciones no consolidó de manera definitiva la interpretación de la competencia de la jurisdicción especial en el asunto de Mancuso, quien fue comandante de los bloques Norte y Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Este caso ha sido central en el debate sobre las atribuciones de la JEP, especialmente respecto a su ejercicio bajo la figura del “sujeto bisagra”, que sostiene que Mancuso mantuvo relaciones con miembros de la Fuerza Pública para coordinar acciones en el marco del conflicto armado. La decisión de la JEP de investigar su situación en 2023 generó un conflicto institucional con Justicia y Paz, creada para juzgar a exparamilitares desmovilizados tras su proceso de desarme en 2006.
Aunque la Corte no resolvió de manera definitiva quién debe seguir conociendo del expediente, hizo un llamado explícito a fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas jurisdicciones para garantizar un proceso de esclarecimiento eficiente y transparente, alineado con el objetivo de superación del conflicto y la consolidación del sistema de justicia transicional en Colombia.
