Una corte de apelaciones en Estados Unidos desestimó este viernes un proceso por desacato contra el gobierno del presidente Donald Trump, relacionado con la deportación rápida de presuntos miembros de una pandilla venezolana a El Salvador. La decisión revoca un fallo previo del juez federal de distrito James Boasberg, quien en abril acusó al gobierno de haber infringido deliberadamente una orden judicial al ignorar una ley del siglo XVIII para deportar a estos migrantes.
En marzo, la Casa Blanca usó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a más de 200 integrantes supuestos de la pandilla Tren de Aragua a una prisión en El Salvador. Aunque el juez Boasberg ordenó verbalmente detener los vuelos y regresar los aviones, las autoridades estadounidenses hicieron caso omiso, lo que originó una investigación por desacato.
La corte de apelaciones, integrada por dos magistrados nominados por Trump, decidió que Boasberg se excedió en sus atribuciones, mientras que otro juez, designado por el expresidente Barack Obama, manifestó su disconformidad. La jueza Neomi Rao acusó al juez Boasberg de abuso de poder y de interferir en la autoridad del presidente en asuntos exteriores. Por otra parte, la jueza Nina Pillard resaltó que 'el estado de derecho requiere acatar las órdenes judiciales' y advirtió que la desobediencia intencionada puede sancionarse como desacato penal.
La fiscal general Pam Bondi calificó la resolución como una 'gran victoria' para la administración Trump y su uso de la ley de 1798 para deportar a presuntos terroristas extranjeros ilegales. La Casa Blanca ha criticado repetidamente a los tribunales de distrito por bloquear algunas de sus decisiones y, en marzo, Trump solicitó la destitución del juez Boasberg, lo cual fue reprobado públicamente por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
