La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió hoy una resolución que ordena acciones urgentes para proteger la integridad y la continuidad del proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que culminaba en horas recientes. La decisión se tomó tras advertencias sobre posibles conflictos constitucionales generados por actuaciones del Ministerio Público, que incluyeron la intervención en centros de votación en la ciudad capital.
La resolución instruye a la Junta Directiva y al Tribunal Electoral del CANG a garantizar que las elecciones concluyan sin interrupciones, adoptando las medidas administrativas y logísticas necesarias. Además, prohíbe expresamente que fiscales del Ministerio Público interfieran en el desarrollo de la votación, el conteo de votos o la proclamación de resultados, permitiendo solo acciones investigativas en el marco de la ley.
La Corte advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear responsabilidades legales para quienes violen las instrucciones, y alertó sobre la posible activación de otras medidas constitucionales para salvaguardar la legitimidad del proceso electoral.
Este pronunciamiento llega después de que agentes del Ministerio Público ingresaron a dos centros de votación en la capital, donde profesionales del derecho participaban en la elección de magistrados titulares y suplentes para la Corte de Constitucionalidad. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó al Ministerio Público de intentar manipular el proceso, denunciando que la presencia policial en los centros buscó intimidar a los electores y alterar los resultados.
Las acciones policiales incluyeron operativos de allanamiento en el Parque Erick Barrondo y el Club La Aurora, cerrando accesos y restringiendo el ingreso, incluso de periodistas, en medio de la polémica sobre la transparencia del proceso. La fiscal Leonor Morales dirigió estas intervenciones, justificándose en denuncias por delitos penales relacionados. La situación ha generado una fuerte controversia, con el proceso electoral en medio de cuestionamientos y medidas de protección adoptadas por la máxima instancia judicial del país.
