Las autoridades de Texas no podrán aplicar una ley estatal respaldada por los republicanos que les permitiría detener y procesar a sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, dictaminó a última hora del jueves un tribunal federal de apelaciones dividido. La Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Estados Unidos ratificó por 2-1 una orden que bloquea la aplicación de dicha ley, la cual fue impugnada por el Gobierno federal durante la administración del presidente Joe Biden.
Aunque la administración del expresidente Donald Trump abandonó el caso, la ley de Texas conocida como SB4 siguió en disputa, siendo criticada por el grupo de derechos migrantes Las Américas Immigrant Advocacy Center, que argumentó que la ley federal prevalece sobre la estatal.
Firmada en diciembre de 2023 por el gobernador Greg Abbott, la ley convertía en delito estatal ingresar o volver a ingresar ilegalmente en Texas desde otro país, además de autorizar a jueces estatales a ordenar la salida de Estados Unidos a los infractores, con penas de hasta 20 años de prisión para quienes se nieguen a acatarla.
La jueza de circuito Priscilla Richman, ponente de la mayoría del tribunal en Nueva Orleans, recordó que durante casi 150 años, la Corte Suprema de EE.UU. ha establecido que la potestad de controlar la inmigración corresponde exclusivamente al gobierno federal. Basándose en una sentencia de 2012 de la misma Corte Suprema, que anuló partes de una ley de inmigración de Arizona, la jueza explicó que si la ley de Texas fuera aplicada por el Departamento de Seguridad Pública, interferiría con la capacidad federal para hacer cumplir las leyes migratorias del país.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, de tendencia republicana, prometió apelar la decisión y aseguró: “Siempre lucharé para detener la inmigración ilegal”.
