La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó el viernes los amplios aranceles que impuso el expresidente Donald Trump a casi todos los países, en una decisión con un impacto significativo en su política económica. La sentencia, emitida en un fallo de 6 a 3, sostiene que el uso de la Ley de Poderes de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) por parte de Trump para justificar estos gravámenes fue inválido. La corte determinó que la ley no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles, ya que dicha facultad corresponde exclusivamente al Congreso. La decisión afectó particularmente los aranceles recaudados, que superan los 133 mil millones de dólares, aunque no abordó si los contribuyentes podrían solicitar reembolsos. Empresas como Costco han presentado demandas para recuperar pagos, pero la corte dejó en incógnita los procedimientos y posibles beneficios para los consumidores. Históricamente, la IEEPA se ha utilizado en situaciones de crisis, desde la crisis de los rehenes en Irán hasta conflictos internacionales actuales, pero nunca antes para implementar aranceles comerciales. Trump había declarado que consideraba una emergencia nacional la situación del déficit comercial y temas relacionados con la inmigración y el tráfico de drogas para justificar las tarifas, además de aplicar gravámenes a socios como Brasil y la India bajo esta ley. La resolución de la corte también señala que otros aranceles impuestos con diferentes justificaciones permanecen vigentes, aunque muchos aún enfrentan fuertes tarifas en sectores específicos. Tras el fallo, Trump criticó duramente a los jueces que votaron en contra, acusándolos de deslealtad y antipatía hacia la nación, además de prometer seguir adelante con su agenda arancelaria mediante otras leyes y posibles ordenamientos ejecutivos. La decisión fue celebrada por grupos empresariales afectados, como We Pay the Tariffs, que consideran que los aranceles impuestos por Trump fueron ilegales desde el principio. Algunos analistas advierten que el proceso de reembolsos será complejo y podría extenderse en el tiempo, afectando principalmente a las empresas que pagaron las tarifas. La Corte Suprema deja abierta la posibilidad de futuras acciones y nuevas políticas, pero limita la autoridad del Ejecutivo para imponer gravámenes unilateralmente bajo la ley de emergencia.
