La Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que la Segunda Marquetalia, grupo armado liderado por Iván Márquez, dejó de tener un carácter político y ahora actúa como una estructura dedicada al narcotráfico. La decisión se basa en el análisis de las pruebas presentadas por Estados Unidos para la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, acusado en ese país por delitos relacionados con el narcotráfico.
El fallo destaca que, tras revisar evidencias oficiales y judiciales, la organización a la que pertenece Rojas no mantiene los fines políticos que alguna vez reivindicaron las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La Corte considera que la Segunda Marquetalia funciona como un grupo criminal y terrorista, centrado en la producción y tráfico de cocaína.
Alias Araña lidera el bloque delictivo conocido como Comandos de la Frontera (CDF), con influencia en Putumayo y Caquetá. Según la acusación de Estados Unidos, entre 2017 y 2025, este grupo controló cultivos, laboratorios y rutas de exportación de drogas hacia México y Estados Unidos. La corte cita declaraciones de un agente de la DEA que señala que los CDF operan como una facción de la Segunda Marquetalia, con estructura jerárquica, financiamiento del narcotráfico y alianzas con organizaciones mexicanas.
Además, la Corte destacó que Estados Unidos designó a la Segunda Marquetalia como organización terrorista extranjera en diciembre de 2021, lo que refuerza la idea de que la organización perdió sus fines políticos y se consolidó en redes internacionales de narcotráfico. La decisión también señala que las operaciones de alias Araña se iniciaron después de los Acuerdos de Paz de 2016, por lo que no proceden beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Sala desestimó los argumentos de la defensa que solicitaban detener el proceso por inmunidades vinculadas a procesos de paz y aclaró que las investigaciones en Colombia aún están en curso, sin sentencias que impidan la extradición. La decisión subraya que los delitos imputados —narcotráfico, concierto para delinquir y homicidio— no están relacionados con actividades políticas ni con el conflicto armado.
El fallo también señala que el Gobierno colombiano puede solicitar una extradición diferida si decide entregar a Rojas para permitir que continúen los procesos en Colombia. La decisión cumple con los requisitos legales nacionales e internacionales.
Este pronunciamiento ocurre en medio de las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, quienes en diciembre de 2023 firmaron un acuerdo para explorar diálogos y buscar una posible reincorporación. Sin embargo, la Corte afirmó que los hechos atribuidos al grupo evidencian fines económicos y delictivos, distanciados de motivaciones políticas, marcando una diferencia con las posiciones oficiales del Gobierno.
El fallo sienta un importante precedente legal y político: aunque la Corte no se pronuncia sobre política de paz directamente, su valoración sobre la naturaleza del grupo influye en las bases jurídicas para futuras negociaciones. En la práctica, refuerza la percepción de que la Segunda Marquetalia actúa como una red narcotraficante y no como una organización con objetivos ideológicos o revolucionarios.
