La Corte Suprema de Justicia confirmó la acusación contra Jhon Arley Murillo Benítez, exrepresentante a la Cámara y actual presidente del partido Colombia Renaciente, por presuntas irregularidades durante su campaña legislativa para el período 2018-2022. La decisión cierra la fase de recurso de reposición presentado por su defensa, que alegaba supuestas inconsistencias en la resolución que formalizó su investigación.
Con esta resolución, el proceso avanza hacia la Sala de Primera Instancia, donde se llevará a cabo el juicio por delitos de fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado. Aunque continúa en libertad, Murillo Bulítez permanece investigado en el expediente, que busca esclarecer las supuestas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y la gestión de apoyos políticos vinculados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Valle del Cauca.
La decisión fue comunicada públicamente vía redes sociales por la Corte, la cual expresó: “Se rechazó la reposición presentada por la defensa del excongresista Jhon Arley Murillo y quedó en firme la acusación en su contra por los delitos de fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado”.
Los hechos investigados corresponden a conductas cometidas durante su aspiración a una curul por las comunidades afrodescendientes, en las que presuntamente hubo incumplimientos en la presentación de informes financieros y gestión de recursos económicos durante su campaña electoral. La Corte sostiene que estas omisiones no fueron simples errores administrativos, sino actos deliberados que podrían afectar la transparencia del proceso democrático.
La Fiscalía y la Corte continúan evaluando las pruebas recabadas para determinar si existen suficientes méritos para llevar a Murillo a juicio oral. En caso de ser condenado, podría enfrentar sanciones penales, incluyendo penas de prisión e inhabilidades para ejercer cargos públicos. La investigación, que aún está en curso, revisa también posibles irregularidades relacionadas con la entrega de dádivas a cambio de votos y alteraciones en documentos públicos, delitos tipificados en el Código Penal colombiano.
