La Corte Suprema de Justicia de Colombia negó una tutela presentada por la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, en contra de varias autoridades judiciales. La acción judicial se originó en el contexto de la investigación en su contra por supuesta participación en un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La acompañó la solicitud de hábeas corpus para su libertad, basada en el argumento de vencimiento de términos, que fue desestimada por los tribunales y posteriormente por la corte constitucional. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema aclaró que la tutela, en este caso, no era procedente, pues se trataba de un recurso que no podía sustituir los recursos ordinarios del proceso penal, además de que la apelación por la libertad se encontraba en trámite. La corte también rechazó otro aspecto del recurso, referente a la negativa de libertad por vencimiento de términos por parte del Juzgado 79 Penal Municipal de Bogotá, argumentando que Ortiz Nova desistió voluntariamente del recurso de apelación. La decisión de la Corte se fundamentó en que no se evidenciaron afectaciones a derechos fundamentales ni errores procesales en las decisiones judiciales impugnadas. La institución ordenó además remitir los expedientes a la Corte Constitucional para una posible revisión futura, en caso de que la ex funcionaria no impugne la resolución. Sandra Ortiz es señalada de haber sido una pieza clave en la trama de corrupción de la Ungrd, supuestamente involucrada en el traslado de dinero en efectivo entregado a congresistas como soborno. Actualmente, se encuentra privada de la libertad desde diciembre de 2024, bajo medida de aseguramiento, con investigaciones abiertas por lavado de activos y tráfico de influencias, según informó Infobae.
