El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz afirmó que la reforma judicial impulsada por el gobierno federal no enfrenta el problema central de la impunidad en México, que alcanza un 94%, sino que simplemente cambia a los titulares del Poder Judicial mediante un cuestionable proceso de elección popular. Durante una conferencia en las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México, el exministro analizón a fondo los cambios promovidos, señalando que la reforma redujo de 11 a 9 el número de ministros en la Suprema Corte, eliminó las salas Primera y Segunda, y creó un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades sancionadoras sin posibilidad de recurso. Sin embargo, destacó que estos ajustes no modifican los procedimientos judiciales ni mejoran la eficiencia de ministerios públicos, policías o servicios periciales, que siguen siendo deficientes. "Con esta reforma, no moveremos ni un punto porcentual en la reducción de la impunidad; seguirá en torno al 94-95%", aseguró. Además, Cossío criticó irregularidades en la elección de jueces, denunciando que el proceso fue llevado a cabo con irregularidades y con un sistema de recuento opaco, sin representantes de partidos en las sesiones decisorias y con una utilización limitada de casillas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). Adujo que la forma en que se eligió a los jueces en 2027, donde también se seleccionarán gobernadores y legisladores, podría dañar la legitimidad del sistema si se repite este modelo. Subrayó que uno de los aspectos más preocupantes es el Tribunal de Disciplina Judicial, conformado por cinco miembros, que sancionará a jueces con criterios ambiguos como conductas contrarias a la administración de justicia, y cuyas decisiones serán inapelables, lo que podría convertirlo en un órgano de control con poder discrecional. Cossío alertó además que jueces electos bajo este sistema podrían responder más a sus bases políticas que a la ley, y que grupos delictivos podrían influir en el sistema judicial a través de la infiltración en los jueces, cuestionando quién sería responsable en caso de que un juez estuviera manipulado por estos grupos. También mencionó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha recomendado no replicar el modelo mexicano, lo que generó rechazo del gobierno. El exministro destacó que, mientras la reforma judicial se enfoca en cambiar a los titulares, otras reformas urgentes permanecen estancadas, como la reforma penal, que lleva desde 2008 sin modernizar eficientemente las fuerzas policiales y ministerios públicos; la reforma mercantil, en proceso de implementación; y la reforma civil y familiar, que progresa lentamente en los estados. Advirtió que sin una reestructuración profunda, el sistema judicial colapsará, ya que los actuales jueces federales manejan hasta 1,500 asuntos anuales, situación insostenible si se adoptan juicios orales que requieren más recursos y personal. Finalizó señalando que la reforma, en lugar de ser una solución, parece un experimento arriesgado que podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial sin mejorar realmente el acceso a la justicia ni reducir la impunidad, por lo que es fundamental vigilar su proceso y exigir ajustes antes de que los daños sean irreversibles.
