La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la eliminación de las penalizaciones de prisión para periodistas en casos de calumnia e injuria, en un movimiento que representa un avance significativo en la protección de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Centroamérica. La reforma, que deroga los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, elimina las penas de hasta 120 días de cárcel para responsables de publicaciones por delitos contra el honor, incluyendo calumnias, injurias y contenidos considerados subversivos o que puedan afectar relaciones diplomáticas.
Con 43 votos a favor en el segundo y último debate, la legislación ahora traslada la resolución de estos conflictos del ámbito penal al civil, fortaleciendo el marco legal para el periodismo y reduciendo el riesgo de criminalización. La iniciativa está pendiente de firma y publicación por parte del Ejecutivo para su entrada en vigor.
La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) destacó que esta medida representa un paso importante para disminuir la criminalización de la labor periodística y alinear la legislación costarricense con los estándares internacionales en protección de la libertad de expresión, como los establecen la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización subrayó que los conflictos deben resolverse mediante mecanismos civiles, como el derecho de respuesta, la rectificación y la reparación, evitando siempre el uso de prisión.
Asimismo, la RCP advirtió que la reforma no implica impunidad ni habilita el uso irresponsable de la libertad de expresión, sino que exige altos estándares éticos y profesionales para los periodistas. La organización recordó que procesos judiciales abusivos y demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPPs, amenazan igualmente la libertad de prensa.
En la región, recientes casos como los del periodista costarricense Marlon Mora, el guatemalteco José Rubén Zamora y el hondureño Carlos Eduardo Ávila evidencian cómo las sanciones penales y el uso abusivo del sistema judicial dificultan la labor periodística y generan hostigamiento.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) calificó la reforma como una “victoria institucional” para Costa Rica, que tras años de presión y debates, moderniza sus leyes y fortalece su democracia. La iniciativa, presentada por el diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista (expediente 24,185), responde a denuncias sobre la antigüedad y carácter restrictivo de la antigua ley.
La RCP hizo un llamado al gobierno costarricense para ratificar la normativa y a los países centroamericanos a revisar sus propios marcos legales, promoviendo la despenalización de los delitos contra el honor y reforzando la protección efectiva de la prensa. La organización enfatizó que mecanismos civiles son suficientes para resolver los conflictos derivadas del ejercicio periodístico, evitando la criminalización y censura judicial.
Este movimiento de Costa Rica se posiciona como un referente regional y evidencia que fortalecer la libertad de expresión y proteger a los periodistas son fundamentales para la democracia y el desarrollo social en Centroamérica.
