El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, en colaboración con Transparencia Mexicana, hizo un llamado público para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Solicitan que presenten sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
Bajo el lema ‘3de3’, las organizaciones instaron a los 36 candidatos —21 mujeres y 15 hombres— a presentar sus declaraciones, un requisito obligatorio para servidores públicos desde 2016. Sin embargo, buscan que estos aspirantes al TDJ lo hagan de manera voluntaria y pública.
El 7 de abril, el Comité de Participación Ciudadana Nacional y Transparencia Mexicana dieron a conocer los formatos de la declaración 3 de 3 e hicieron un llamado a enviar la información por correo y difundirla en redes sociales. También se invitó a los candidatos a publicar sus currículos en la plataforma ‘Conóceles’ del Instituto Nacional Electoral (INE).
Según el documento, ‘la ciudadanía merece información veraz y accesible para tomar decisiones informadas. La transparencia es clave para combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones’.
El Tribunal de Disciplina Judicial reemplazará al actual Consejo de la Judicatura Federal y tendrá autonomía técnica y de gestión para emitir resoluciones. Su función será investigar y sancionar faltas graves de jueces y magistrados, con decisiones finales e inatacables, que no podrán ser apeladas o impugnadas, ni sujetas a amparo.
Con esta iniciativa, las organizaciones buscan que los futuros magistrados, responsables de garantizar justicia, rindan cuentas desde su proceso de selección. La demanda social por mayor transparencia en la función pública empezó en 2015 con el movimiento ‘#3de3’, que exige mayor apertura.
Desde 2018, ese movimiento ha sido parcialmente adoptado en el Estado de México, con resultados variables; en municipios como Naucalpan y Toluca, el cumplimiento alcanza 82%, mientras que en Ecatepec y Nezahualcóyotl apenas llega a 47%, según el último informe del Sistema Estatal Anticorrupción.
Dado que la entidad ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en percepción de corrupción, y considerando la opacidad en el Poder Judicial, donde el 65% de los casos de presunta corrupción no se sancionan (según el Observatorio Ciudadano del Estado de México), esta exigencia adquiere mayor relevancia.