Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron el miércoles la solicitud de Israel de retirar las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, mientras se analizan las impugnaciones israelíes a la jurisdicción del tribunal sobre el conflicto en Gaza.
En la resolución publicada en la página oficial de la CPI, también desestimaron la petición israelí para suspender una investigación más amplia sobre crímenes en los Territorios Palestinos.
El 21 de noviembre pasado, el tribunal emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant y un dirigente de Hamas, Ibrahim al-Masri, conocido como Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el contexto del conflicto en Gaza. Sin embargo, en febrero, la CPI retiró la orden de detención contra Deif, tras recibir informes creíbles de su muerte.
Israel ha rechazado la jurisdicción del tribunal, con sede en La Haya, y niega haber cometido crímenes en Gaza, donde ha llevado a cabo una campaña militar con el objetivo de eliminar a Hamas, tras el ataque mortal del grupo militante palestino el 7 de octubre de 2023.
Además, Israel ha presentado impugnaciones contra las órdenes de detención dirigidas a Netanyahu y Gallant. En junio, Estados Unidos sancionó a cuatro jueces de la CPI en una medida sin precedentes, en respuesta a la orden de arresto contra Netanyahu. Dos de estos jueces forman parte del panel que rechazó la solicitud israelí.
Por otro lado, el Grupo de La Haya, integrado por países como Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, se reunió en Bogotá para analizar acciones frente a la crisis en Gaza. Tras la reunión, los miembros acordaron tomar medidas para impedir el suministro de armas, municiones, combustible militar y equipos relacionados a Israel, considerando que sus acciones ponen en riesgo la paz y la seguridad regional.
El viceministro colombiano Mauricio Jaramillo afirmó que la decisión busca evitar que las industrias contribuyan a facilitar genocidio, crímenes de guerra o violaciones del derecho internacional.
Este organismo, creado en enero pasado, busca mantener la presión internacional sobre el conflicto en Gaza y promover medidas que impidan la escalada de violencia.
