Mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, responsable de analizar, debatir y proponer cambios en el sistema electoral mexicano. La titularidad de la comisión fue asignada a Pablo Gómez, designado el pasado fin de semana por la presidenta de México.
La comisión dependerá directamente del Ejecutivo Federal y estará integrada por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Oficina de la Presidencia. Además, instituciones públicas, privadas, organismos autónomos, académicos y miembros de la sociedad civil podrán participar con derecho a voz, aunque sin voto.
La integración oficial incluye a Claudia Sheinbaum como presidenta, con Pablo Gómez como presidente ejecutivo. También forman parte José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy, de la Consejería Jurídica; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente, y Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno.
En el documento, se destaca que 'la discusión de los sistemas políticos no es asunto exclusivo de quienes ejercen la política, sino que compete a toda la ciudadanía'.
El decreto establece que la Comisión tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para comenzar a operar y permanecerá activa hasta el 30 de septiembre de 2030, salvo decisión de la presidenta de disolverla anticipadamente.
El argumento principal para su creación es que, pese a las recientes transformaciones sociales y políticas en México, las leyes electorales permanecen casi sin cambios desde hace años, por lo que se busca actualizarlas con la participación activa de la ciudadanía.
En el decreto también se señala: 'No se trata solo de mantener la estabilidad política. Antes existía, pero sin voto libre y en un contexto de represión y corrupción. El objetivo es construir un sistema en el que todos ejerzan sus derechos en libertad y democracia, y se reconozca al poder del pueblo'.
