En la zona norte del Estado de México, la presencia del crimen organizado se ha consolidado como una realidad cotidiana para sus habitantes, quienes enfrentan extorsiones, bloqueos y una influencia que se extiende hasta los niveles institucionales.
Municipios como Ixtlahuaca, Atlacomulco, Jiquipilco y Jocotitlán están bajo el control de células de La Familia Michoacana, Nueva Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, organizaciones que operan con impunidad, al amparo de autoridades locales, según reportes y denuncias de la población.
Desde finales de 2024, diversos sectores —como ferreterías, casas de materiales, taxistas y pollerías— han sido obligados a pagar cuotas mensuales, que varían según el rubro. Un taxista de Ixtlahuaca denunció que le pidieron 500 pesos al mes, indicando que 'no tienen opción más que aceptar, porque si no, hay violencia'. Además, se reportan bases de taxis cooptadas para bloquear rutas y ejercer presión.
En el sector de las pollerías, las extorsiones alcanzan los 10 pesos por kilo de pollo y las víctimas son forzadas a comprar en rastros específicos. Este esquema fue documentado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras un caso en Toluca, en diciembre de 2023, donde cuatro polleros fueron secuestrados y rescatados 85 días después.
Las casas de materiales y ferreterías también son forzadas a trabajar con proveedores impuestos, actividad que implica secuestros y una participación en las ganancias, evitando así que los negocios prosperen libremente. Algunas empresas han optado por cerrar ante la amenaza de violencia, y otros venden al precio impuesto por los grupos criminales. Un ferretero narró que algunas víctimas reciben fotografías familiares como forma de intimidación.
El Operativo Liberación, llevado a cabo el lunes pasado por fuerzas federales y estatales, involucró cateos a 52 inmuebles en 14 municipios vinculados con estas actividades delictivas. La operación provocó bloqueos y protestas en puntos estratégicos como Atlacomulco, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, donde transportistas y taxistas cerraron carreteras en muestra de su resistencia.
En mayo de 2022, la Fiscalía mexiquense tipificó por primera vez en el estado el delito de acaparamiento, equiparándolo a la extorsión, para combatir el control de mercados esenciales como pollo, tortilla y materiales de construcción. La estrategia permite a las autoridades actuar de oficio sin denuncia formal, consolidando su capacidad operativa.
Si bien la presencia de La Familia Michoacana se ha documentado en municipios como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tejupilco y Tlatlaya, investigaciones recientes indican que su control también alcanza zonas del norte, incluyendo Atlacomulco, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso y Aculco. La operación en estos lugares se refleja en bloqueos carreteros y enfrentamientos con las autoridades.
La estructura del crimen en la región manipula precios y controla mercados, inflando costos de insumos y productos en un 144% en algunos casos. La vinculación con la autoridad se evidencia en investigaciones de la Fiscalía, que reporta 60 carpetas de investigación por extorsión en los primeros seis meses del año en municipios norteños, con Ixtlahuaca, Atlacomulco y Acambay como los más afectados.
Gran parte de las víctimas evita denunciar, temiendo represalias, lo que mantiene en secreto la magnitud real del problema. La presión es directa y territorial, a diferencia de la extorsión telefónica en zonas urbanas, lo cual contribuye al silencio y temor en las comunidades.
Asimismo, en la región se han desmantelado laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas y metanfetaminas, reflejo de una capacidad industrial del narcotráfico que opera de manera paralela a las extorsiones.
En junio pasado, la Fiscalía identificó y detuvo a Cirilo N., presunto operador de una red de robo de hidrocarburos vinculada al crimen organizado, con financiamiento que incluye pagos a servidores públicos. La investigación señala que hay registros de sobornos a policías, jueces y militares para mantener la protección.
Transportistas y taxistas actúan como punteros o halcones, en un mecanismo de coerción o pago, que refuerza la impunidad del grupo criminal. La percepción ciudadana es que, en el norte del Edomex, el gobierno no quiere enfrentarse realmente a los criminales, pues estos también reciben dinero.
El silencio y el miedo predominan en la región, donde las operaciones oficiales dejan a los negocios con temor de ser señalados o represión, pese a los esfuerzos del Operativo Liberación. La realidad muestra una crisis institucional en la que las cuotas, laboratorios y protección oficial delinean un escenario de clandestinidad y control total del crimen en el norte del Estado de México.
