La zona metropolitana del Valle de Toluca enfrenta una crítica situación ambiental causada por la sobreexplotación de su acuífero principal, altos niveles de contaminación atmosférica y un crecimiento urbano que agrava el deterioro ecológico.
Durante el conversatorio ‘Voces por el Clima’, la especialista Karina Ávila Islas advirtió que la alta concentración poblacional y económica en la región requiere una transformación profunda en la concepción, uso y gestión de las ciudades. Destacó que en Toluca, como en otras urbes, es posible fomentar espacios de diálogo, innovación tecnológica y políticas públicas sustentables, pero la coyuntura actual obliga a decidir si se continúa por una ruta de incertidumbre ambiental o se redirige hacia un futuro más resiliente.
Toluca, que forma parte de la quinta zona metropolitana más grande de México, aporta el 10% del Producto Interno Bruto estatal y ocupa el cuarto lugar en inversión extranjera directa a nivel nacional. Sin embargo, esta actividad genera una creciente demanda de infraestructura, movilidad y servicios, intensificando los retos en materia de calidad del aire.
Ávila Islas precisó que el aire en Toluca es el segundo más contaminado del país, con altas concentraciones de partículas menores a 2.5 y 10 micras, las más peligrosas para la salud humana por su capacidad de penetrar en el sistema respiratorio. Además, durante los meses secos y fríos, de noviembre a febrero, las contingencias por mala calidad del aire son cada vez más frecuentes.
Por otro lado, cada año se generan más de 2,500 toneladas de residuos sólidos, de las cuales más del 70% podrían recuperarse con mejores mecanismos de separación, reciclaje y compostaje. No obstante, gran parte termina en rellenos sanitarios o en vertederos a cielo abierto, pese a que Toluca alberga la recicladora más grande de Latinoamérica, lo que evidencia que existen condiciones técnicas y logísticas para revertir esta tendencia si se implementan políticas efectivas.
En el aspecto hídrico, la situación es aún más preocupante, pues el acuífero que abastece a cerca del 40% del consumo en Toluca ha sido declarado en sobreexplotación desde 2000 por la Comisión Nacional del Agua. Las estrategias gubernamentales se han centrado en perforar nuevos pozos y buscar fuentes adicionales en lugar de restaurar zonas de recarga y recuperar ecosistemas que permitan la infiltración del agua.
Ávila resaltó que el modelo actual es insostenible, ya que explota los recursos ambientales sin devolver nada a cambio. Por ello, urgió a modificar esa lógica y promover la recuperación de los procesos naturales necesarios para la regeneración del entorno. También enfatizó la necesidad de ampliar las conversaciones más allá de los ámbitos técnicos e involucrar a sectores sociales, económicos y políticos que han menospreciado la problemática, con el fin de construir políticas públicas diferentes y efectivas.
Asimismo, vinculó el crecimiento urbano con un consumo energético desmedido que ha contribuido a un aumento cercano a un grado Celsius en la temperatura global en solo dos siglos, impulsado por el uso de combustibles fósiles. Esto ha causado alteraciones en los ciclos hidrológicos, como evaporación acelerada, lluvias irregulares y menor capacidad de infiltración, generando impactos ambientales en cascada.
Ávila advirtió que las ciudades, aunque responsables del 70% de los gases de efecto invernadero por actividades como el transporte y la generación de energía, también son las principales responsables de contar con las herramientas para revertir la crisis climática.
Complementando, la bióloga Renata Chávez Vizcarra alertó sobre la pérdida de biodiversidad en el Valle de Toluca, que desestabiliza los ecosistemas y debilita los servicios ambientales esenciales. Resaltó que el Estado de México tiene 94 áreas naturales protegidas, cinco en Toluca, pero muchas son poco conocidas o están desconectadas, dificultando su protección efectiva.
Finalmente, enfatizó la necesidad de una mayor cooperación entre municipios para proteger estos espacios y terminar con los prejuicios que minimizan el papel de las direcciones de ecología y medio ambiente en los gobiernos locales, en busca de soluciones integrales para la sustentabilidad de la región.
