El año 2025 y principios de 2026 marcan un punto de inflexión histórico, en el que el panorama mundial enfrenta cambios profundos. La convivencia de conflictos bélicos activos y una percepción mediada por discursos políticos distanciados de la realidad evidencian una desconexión entre los líderes y los problemas urgentes que enfrentan las sociedades, especialmente en materia de cambio climático.
El vínculo entre la política mundial y la crisis climática se ha debilitado. A pesar de que la ciencia advierte sobre los impactos del calentamiento global, como el aumento de eventos extremos —inundaciones, sequías prolongadas, olas de calor y frío— muchos dirigentes insisten en negar la gravedad del problema. Hace unos años, la crisis climática ocupaba un lugar central en las agendas internacionales, pero hoy esa prioridad parece diluirse en medio de otros desafíos geopolíticos.
La postura del gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump ha sido clave en esta tendencia. Trump reforzó las posiciones escépticas respecto al cambio climático, promovió el desarrollo de combustibles fósiles y retiró a su país de acuerdos internacionales ambientales, debilitando la cooperación global y reduciendo los fondos destinados a la lucha climática. En 2023, Estados Unidos aportó aproximadamente 9,5 mil millones de dólares en financiamiento internacional, incluyendo más de 1 mil millones al Fondo Verde del Clima, pero su potencial recorte o eliminación de estos recursos agrava la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios globales.
Este escenario deja a la comunidad internacional sin un liderazgo claro en asuntos climáticos, lo que afecta las colaboraciones multilaterales y aumenta la fragilidad de las cadenas de suministro alimentario frente a eventos extremos. En respuesta, China ha intensificado su diplomacia climática, promoviendo la transición energética mediante su dominio en tecnologías renovables, producción de paneles solares y vehículos eléctricos. Sin embargo, su alta dependencia del carbón y el continuo crecimiento industrial generan tensiones entre sus compromisos ambientales y el desarrollo económico.
La Unión Europea, por su parte, mantiene metas ambiciosas, proyectando alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y reducir las emisiones en un 55% para 2030. Sin embargo, enfrenta desafíos en su influencia internacional, parcialmente debilitada por la retirada de Estados Unidos y la tensión geopolítica con Rusia, además de estrategias del gobierno estadounidense que fomentan la fragmentación del comercio y la división en el bloque europeo.
Frente a este contexto, Europa se debate en decidir si busca una mayor autonomía estratégica o si opta por una postura más sumisa para evitar confrontaciones directas. Mientras tanto, países en desarrollo, especialmente aquellos con cadenas de suministro frágiles, enfrentan riesgos mayores, lo que subraya la urgente necesidad de invertir en tecnologías resilientes, cultivos adaptados y sistemas de riego eficientes.
La reducción de financiamiento climático, la pérdida de liderazgo ambiental y los conflictos bélicos sin resolución agravan la transición hacia una economía baja en carbono. La comunidad internacional debe, por tanto, enfocarse en soluciones locales y fortalecer alianzas estratégicas para mejorar la capacidad de adaptación en un futuro cada vez más incierto.
