En México, donde más de una tercera parte de los hogares son sostenidos por madres solteras, colectivos feministas alertan sobre una persistente crisis en la protección de los derechos de las infancias. En el marco del Día del Padre, denuncian la existencia de una deuda alimentaria generalizada, agravada por la complicidad de jueces y funcionarios que favorecen a los deudores sin sanción efectiva.
Datos censales revelan que uno de cada tres hogares mexicanos es encabezado por madres autónomas, en contextos donde los padres abandonan conscientemente sus responsabilidades, afectando a más de 30 millones de niños y niñas, según la activista Diana Luz Vázquez. Ella, impulsora de la Ley Sabina para sancionar el incumplimiento en pagos de pensiones, señala la normalización de esta problemática en el país y la falta de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que solo está parcialmente disponible en algunos estados.
Solo Oaxaca y Coahuila han hecho públicos estos registros en su totalidad, mientras que la Ciudad de México anunció su próxima publicación. Sin embargo, el sistema actual no centraliza toda la información y requiere datos personales para acceder, lo cual favorece la opacidad y la protección de los deudores.
Vázquez denuncia que el sistema protege a estos incumplidores, incluso a funcionarios públicos vinculados con ellos. La ley exige una sentencia firme para remover a los responsables, pero los altos costos y obstáculos legales dificultan a las madres la sanción. Esto ha permitido que en algunos casos, jueces y candidatos a cargos públicos con procesos abiertos por impago resulten electos o mantengan sus puestos.
Este sábado, madres y activistas colocaron carteles afuera del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, exhibiendo rostros y nombres de estos candidatos, y preparan una denuncia formal contra una decena de ellos.
Entre los perfiles destacados están Roberto Alejandro Pérez, magistrado penal en Veracruz, denunciado por incumplimiento de pensión; Mirsha Rodrigo León, magistrada en la Ciudad de México, señalada por violencia vicaria y complicidad con deudores; y Juan Miguel Morales Monter, señalado por revictimización y pérdida de custodia, tras ser separado de la fiscalía local.
La organización Ley Sabina denuncia que estos casos reflejan una estructura institucional que no garantiza justicia ni respeta sus responsabilidades básicas, y sostiene que quienes incumplen y los cómplices no deberían ejercer autoridad.
En contraste, en Nuevo León y la Ciudad de México, surgió una propuesta de ley para limitar el acceso a eventos públicos, como partidos y conciertos, a quienes tengan deudas alimentarias, reflejando modelos adoptados en países como Argentina. La diputada Morena Greta Barra considera que si pueden asistir a eventos con recursos, también deben cumplir con sus obligaciones con sus hijos, y que la creación del registro de deudores alimentarios es un paso previo indispensable para avanzar en estas restricciones.
Vázquez concluye que estas iniciativas buscan enviar un mensaje de no tolerancia a quienes incumplen con sus responsabilidades paternas, en un país donde la impunidad y la complicidad institucional siguen siendo obstáculos para la justicia y la protección de las infancias.
