TOLUCA, Estado de México, 6 de noviembre de 2025 – Los habitantes del municipio de El Oro, al noroeste del Estado de México, protagonizaron una movilización masiva que revela el grave abandono y crisis de gobernabilidad que enfrentan. Las comunidades denuncian que llevan más de veinte días sin recolección de basura, acumulándose montañas de desechos en calles y espacios públicos, además de múltiples jornadas sin suministro de agua potable tanto en la cabecera municipal como en las cerca de 19 localidades que conforman la demarcación.
Este miércoles 5 de noviembre, los habitantes se congregaron frente al Palacio Municipal y en la vivienda de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñalosa, perteneciente a Morena, para exigir su destitución inmediata. La protesta estuvo motivada por acusaciones de omisión en el servicio público, retención de pagos a trabajadores de Servicios Públicos y del Organismo de Agua (ODAPAS).
Durante la manifestación, los pobladores amarraron con sogas al director de Servicios Públicos, José Aarón Velázquez Fuentes, obligándolo a firmar su renuncia y a recoger los residuos acumulados. La movilización incluyó además el depósito simbólico de basura frente a la vivienda de la edil, en señal de hartazgo ante la falta de gobernabilidad.
El cabildo del municipio, integrado por seis de los siete regidores y el síndico, acudió el martes al Congreso del Estado de México para solicitar formalmente la destitución de la alcaldesa Díaz Peñalosa, acusándola de irregularidades financieras, desvío de recursos y parálisis en la administración pública.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, aclaró que el Legislativo solo puede actuar si el Poder Ejecutivo estatal impulsa una iniciativa de desaparición de poderes, ya que no tiene facultades para remover directamente a una alcaldesa.
Simultáneamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la apertura de investigaciones oficiales relacionadas con posibles delitos vinculados a rozones en los recursos públicos y el agravamiento del conflicto social en El Oro. La fiscalía reafirmó su compromiso con el estado de derecho y la búsqueda de justicia para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Este escenario evidencia una profunda crisis de gobernabilidad en El Oro. Cuando la autoridad municipal pierde control y la prestación de servicios básicos se detiene, surgen tensiones sociales que pueden escalar. La intervención del Legislativo, la Contraloría y la Fiscalía indica que, si se comprueban delitos como malversación o incumplimiento de deberes, las autoridades podrían tomar acciones penales.
Para los habitantes de El Oro, la prioridad es restablecer la normalidad: que vuelva la limpieza, el agua potable y la certeza de que la administración responde a sus necesidades. Mientras tanto, la alcaldesa Díaz Peñalosa permanece acorralada políticamente y bajo análisis por las autoridades para determinar las siguientes acciones.
