Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 13 de junio de 2025.- Sin aviso previo, el gobierno municipal, liderado por Daniel Serrano Palacios, llevó a cabo este jueves un operativo en la colonia Sección Parques para retirar rejas colocadas por los propios vecinos desde hace años. La justificación oficial fue liberar el tránsito vehicular, pero en la comunidad prevalece la indignación por la falta de diálogo, la insensibilidad institucional y el abandono en temas de seguridad.
Los residentes aseguran que las rejas fueron una medida ciudadana ante el incremento en la inseguridad en la zona. Lejos de ser un obstáculo, dichas estructuras brindaban un sentido de protección y tranquilidad, especialmente para las familias y adultos mayores. Con su retiro, la comunidad se expone a riesgos mayores, en un contexto donde las autoridades parecen tardar o simplemente no brindar auxilio.
El Ayuntamiento justifica la acción basándose en normatividad de tránsito y ordenamiento urbano. Datos oficiales indican que, entre 2024 y 2025, se recibieron al menos 100 solicitudes relacionadas con cierres irregulares de calles. Sin embargo, los propios vecinos señalan que muchos de estos informes reflejan la desesperación por la falta de condiciones mínimas de seguridad en sus comunidades.
Mientras la administración habla de promover la circulación libre, los ciudadanos denuncian la escasa presencia policial efectiva y critican que las patrullas parecen más enfocadas en negociar con delincuentes que en proteger a la población. La estrategia del gobierno ha sido realizar operativos sorpresa sin mesas de diálogo o diálogo previo, pasando por alto el problema esencial: el miedo real que enfrentan día a día en sus calles.
Este incidente no es aislado. La gestión municipal acumula semanas de conflictos por decisiones unilaterales, falta de sensibilidad hacia las necesidades comunitarias y un distanciamiento creciente entre las prioridades de los habitantes y las acciones del gobierno local.
Para los habitantes de Cuautitlán Izcalli, la seguridad no debería ser una cuestión discutible ni selectiva. La protección y el derecho a la tranquilidad son fundamentales, y bajo la administración de Daniel Serrano, ese derecho parece estar siendo relegado a un segundo plano.
