Los legisladores del Estado de México iniciaron la discusión de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en víspera de la toma de protesta de los 91 cargos que se realizará el próximo 5 de septiembre. Sin embargo, algunas voces expresaron preocupación por la rapidez con que se les entregó el proyecto, a pocas horas de la sesión de la comisión, por lo que se espera que el lunes 1 de septiembre se reúnan nuevamente para su posible dictamen.
El diputado del PRI, Eduardo Zarzosa, señaló que el documento, que comprende casi 400 artículos y 50 mil palabras, fue distribuido con menos de dos días de anticipación, lo que imposibilita realizar un análisis exhaustivo que requeriría aproximadamente 200 horas de trabajo, calificando el proceso como 'humanamente imposible'.
Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, criticó que la iniciativa haya sido elaborada 'a espaldas de la gente y con los peores vicios del pasado', además acusó que el procedimiento utilizado para su dictaminación fue acelerado y poco transparente, calificándolo como un 'fast track' para legislar una ley de gran importancia.
Asimismo, la diputada Miriam Silva Mata expuso una problemática concreta en uno de los artículos, el 91, donde se establece que para ser presidente rotatorio del Poder Judicial, el aspirante debe haber ganado en su respectiva jurisdicción, condición que no aplica para el presidente inicial, lo cual consideró discriminatorio y un obstáculo para la justicia, citando el caso de Juana Dávila Flores, quien con más de 150 mil votos, no podrá ocupar la posición debido a este requisito.
La Ley Orgánica propuesta, que consta de 381 artículos—trabajando así 181 artículos más que la legislación vigente, que tiene 200 y cuya promulgación se esperaba para el 6 de octubre de 2022—introduce cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre los principales cambios sobresale la organización tripartita del Poder Judicial, integrada por:
- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con funciones exclusivamente jurisdiccionales.
- El Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de temas de disciplina, ética y controversias laborales.
- El órgano de Administración Judicial, responsable de las funciones administrativas y de la carrera judicial.
Además, la reforma mantiene la Escuela Judicial y el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa como órganos desconcentrados.
Desaparece el Consejo de la Judicatura, cuyas funciones se distribuyen entre el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial. Este último estará integrado por cinco miembros: tres designados por el Pleno del TSJ, uno por el Poder Ejecutivo y uno por el Poder Legislativo, con un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
El Tribunal de Disciplina Judicial estará conformado por cinco magistrados electos por voto popular, con un mandato de seis años sin reelección. Por su parte, los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia serán elegidos por voto ciudadano por un período de nueve años, con posibilidad de reelección.
