Una imagen que conmueve muestra a un adolescente de 14 años en una audiencia judicial, enfrentando un proceso penal, situación que revela profundas cuestiones sobre la infancia y el sistema de justicia en México. A esta edad, los jóvenes aún están en pleno proceso de desarrollo emocional y cognitivo, actuando muchas veces por impulsos o presiones del entorno. La ley que permite juzgar penalmente a menores de edad refleja fallas en las políticas preventivas, redes de apoyo y atención temprana, ya que el proceso penal representa una respuesta tardía y no una acción preventiva.
El autor invita a quienes promueven reducir la edad de punibilidad a reflexionar sobre qué sistema penal favorecerían para sus propios hijos en caso de cometer un delito a los 14 años. Sugiere que un sistema demasiado punitivo y etiquetador puede marcar negativamente la vida de un adolescente, mientras que uno que considere su etapa de formación busca ofrecer oportunidades de rehabilitación.
La ley no discrimina por nivel socioeconómico, ubicación geográfica o antecedentes familiares; puede afectar a cualquier joven, incluso en delitos simples como una pelea, una imprudencia al volante o decisiones impulsivas. La sociedad que apoya la reducción de edad debe entender que sus propios hijos no están inmunes a errores en esta etapa de intensidad, impulsividad y búsqueda de identidad.
El autor advierte que, en caso de errores, la respuesta adecuada no es un castigo desmedido, sino la garantía de derechos, debido proceso y oportunidades para la reparación. Implementar una legislación que considere la vulnerabilidad de los menores puede tener efectos duraderos en su desarrollo, autoestima y oportunidades futuras, alterando sus proyectos de vida en un momento donde todo debería ser posible.
La expansión del castigo a edades tempranas hipotecará el futuro de estos adolescentes, que en su adultez convivirán con los daños de un sistema punitivo que, en el largo plazo, podría afectar también a toda la sociedad. La firmeza real radica en diseñar consecuencias responsables y justas, no en castigar prematuramente.
Finalmente, el autor señala que un enfoque punitivo extremo no es signo de orden, sino de tardanza social. La decisión de juzgar penalmente a menores de 14 años implica que como sociedad estamos llegando tarde y, por tanto, debemos legislar con conciencia, reconociendo que esas decisiones impactan también en la vida de nuestros propios hijos. Al fin y al cabo, un sistema penal que afecta a los adolescentes nos afecta a todos, y su impacto trasciende las estadísticas, configurando el futuro colectivo.
