El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública con 368 votos a favor y 101 en contra. La nueva normativa busca establecer un sistema unificado para recopilar, analizar y compartir información de inteligencia destinada a prevenir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en México.
Durante la sesión, que duró 20 horas, el ambiente se tornó tenso, con protestas visibles, mantas y gritos entre los legisladores. El debate, marcado por acusaciones y reclamos, culminó con la aprobación en lo particular, por 324 votos a favor y 117 en contra, para remitir la ley al Senado.
La ley, que complementa la recientemente aprobada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, involucra a diversas dependencias federales, estatales, municipales y actores privados mediante convenios. Se crea la Plataforma Central de Inteligencia, una base de datos interconectada que incluirá información desde registros vehiculares y biométricos hasta datos fiscales y de telecomunicaciones. La ley incorpora principios de legalidad, derechos humanos, protección de datos y confidencialidad.
Asimismo, establece el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, encargado de dirigir el sistema y tomar decisiones estratégicas, con participación de los titulares de distintas dependencias federales.
Según el texto aprobado, la autoridad podrá solicitar la interconexión de sistemas y la transmisión de información de diversas bases de datos, incluyendo registros civiles, fiscales, de armas, de seguridad privada, de personas detenidas y sentenciadas, y datos económicos y de telecomunicaciones. La ley también contempla intercambios de información con gobiernos y organismos internacionales, permitiendo el acceso a datos extranjeros.
La oposición expresó su fuerte preocupación por los posibles riesgos a la privacidad y los derechos de los ciudadanos. La bancada del PAN calificó la ley como #LeyEspía, argumentando que carece de controles judiciales, favorece el espionaje masivo y concentra poderes en el Ejecutivo, además de posibilitar vigilancia sin salvaguardas constitucionales.
La diputada Julia Licet Jiménez advirtió que la ley legaliza la vigilancia continua y sin orden judicial, exponiendo datos biométricos, médicos, financieros y geolocalización sin consentimiento y permitiendo la consulta por parte de gobiernos extranjeros.
En respuesta, el PRI, representado por Jericó Abramo, señaló que la ley puede derivar en un Estado de excepción, al incorporar elementos que podrían facilitar un control social extremo y la falta de mecanismos de control adecuados, además de otorgar atribuciones sin restricciones a ciertos órganos.
En síntesis, la reforma genera un intenso debate sobre la seguridad, la privacidad y los posibles riesgos de abuso de poder, mientras avanza en su ruta legislativa hacia el Senado para su revisión.
