Periodistas, representantes gremiales y consejeros del mecanismo en el Estado de México expresaron su apoyo a la propuesta del Registro Voluntario de Contacto para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, considerada un avance en la protección del gremio. Sin embargo, exigieron mayor claridad en las garantías legales para la protección de datos personales y solicitaron una revisión del diseño legal que agrupa a comunicadores y activistas en un mismo esquema.
El foro, organizado por la diputada Ruth Salinas, presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, abordó las inquietudes respecto al manejo de la información recabada. Se cuestionó quién tendrá acceso a los datos, quién será responsable de su protección y qué sanciones aplicarán en caso de filtraciones o mal uso. La legisladora reconoció la validez de estos señalamientos y prometió que al concluir el encuentro se darían respuestas específicas.
Uno de los puntos destacados fue la observación del director del medio de comunicación, Moisés Ramírez Piña, quien criticó la unión en una sola ley de periodistas y defensores de derechos humanos, sugiriendo la necesidad de crear legislación diferenciada. Argumentó que el ejercicio del periodismo profesional y las actividades en redes sociales son distintas y que, por ello, deberían estar regulados separadamente.
El periodista Óscar Glenn valoró el esfuerzo del registro, pero subrayó la importancia de evaluar su funcionamiento con transparencia. María Guadalupe Escobar aclaró que el objetivo del registro no es favorecer clientelismo ni beneficios personales, sino ofrecer una herramienta legítima para protección.
Asimismo, Diana Mancilla Álvarez resaltó que la efectividad del mecanismo dependerá de una tecnología segura y evaluaciones periódicas. La periodista Penélope Ventura llamó a ampliar la protección a regiones de alto riesgo, como el Valle de México, y destacó que la unidad del gremio, más que protagonismos, será clave para garantizar la libertad de expresión.
El coordinador del mecanismo, Luis Miguel Carriedo Téllez, explicó que el registro es voluntario y no condiciona el acceso a medidas de protección, sino que busca recabar información básica para responder de manera rápida en emergencias. La plataforma, desarrollada sin costo por la Consejería Jurídica del Estado, garantiza el control de acceso y la confidencialidad de los datos.
Actualmente, el mecanismo atiende más de 120 casos activos y mantiene más de 900 medidas de protección en vigor, evidenciando un crecimiento desde su implementación en 2021. Al finalizar, la diputada Salinas se comprometió a revisar y proponer modificaciones en la ley para separar los perfiles de periodistas y defensores de derechos humanos, fortaleciendo así su protección.
