Una coalición de veinte estados liderada por demócratas, junto con el Distrito de Columbia, interpuso este miércoles una demanda contra una política del gobierno del presidente Donald Trump que prohíbe el uso de fondos federales destinados a servicios legales para inmigrantes indocumentados. La demanda se centra en la reciente prohibición del Departamento de Justicia de Estados Unidos que limita la utilización de fondos para la asistencia a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso de ancianos.
Esta restricción, conocida como costos no admisibles, impide que fondos de subvenciones como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) sean utilizados para apoyar o brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados o extranjeros en proceso de deportación, con algunas excepciones limitadas.
La coalición argumenta en la demanda, presentada en Rhode Island, que dicha prohibición viola la Cláusula de Gastos de la Constitución de EE. UU. Además, critican la ambigüedad en la definición de servicios legales restringidos, lo que obliga a los estados y organizaciones a ‘adivinar’ cuáles servicios están permitidos. También señalan que la medida obliga a implementar procesos onerosos para verificar el estatus migratorio de los beneficiarios antes de ofrecer ayuda.
El apoyo legal recibido a través de fondos VOCA y VAWA incluye asistencia para presentar denuncias, obtener órdenes de protección, solicitar indemnizaciones y facilitar visitas familiares, entre otros.
El fiscal general de California, Rob Bonta, quien forma parte de la demanda, declaró que «la Administración Trump sigue impulsando políticas que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras». Criticó que la vaga condición del Departamento de Justicia podría llevar a las organizaciones a reducir drásticamente sus servicios, temiendo incumplimientos que pongan en riesgo su financiamiento.
«Ojalá el presidente Trump deje de crear problemas donde no los hay y enfoque sus esfuerzos en políticas que realmente reduzcan la delincuencia y protejan la seguridad pública», afirmó Bonta.
Además de California, la demanda fue promovida por los fiscales generales de Nueva York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
