Una denuncia interna, conocida por Infobae Colombia, advierte sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), bajo la rectoría de Jaime Alberto Rincón Prado. El documento señala que la institución opera con un modelo que facilitaría el uso de recursos públicos a través de convenios educativos y contratos interadministrativos con escasa o nula supervisión estatal.
Según la denunciante, una exempleada de la universidad, la CUN "funciona como una fachada académica que sirve al gobierno para graduar personas y facilitar su ingreso a la contratación pública, lo que podría generar fraudes con recursos estatales". La fuente, quien pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, afirmó que "la mezcla de recursos públicos y privados crea una cortina de humo perfecta para inflar contratos, sobrecostear servicios o justificar ingresos ficticios".
La denunciante, que también alertó sobre el severo maltrato y amenazas dentro de la institución, manifestó que los convenios de la CUN con entidades públicas "no tienen una auditoría adecuada" y que las autoridades de control no han intervenido eficazmente. Aseguró que aunque se conocen irregularidades, estas nunca son investigadas, y que ya ha informado del asunto a representantes a la Cámara.
El Ministerio de Educación, consultado por Infobae Colombia, indicó que hasta el momento no registra denuncias formales sobre irregularidades en la CUN, pero que seguirá atento a cualquier reporte.
Estos señalamientos guardan similitudes con el caso de la Fundación Universitaria San José y Juliana Guerrero, donde en 2025 se denunciaron estructuras académicas usadas como plataformas para acceder a fondos estatales a través de convenios interinstitucionales. Ambos casos involucran universidades privadas que combinan programas académicos con contratos públicos, llevando a espacios propensos a la falta de control fiscal y a la opacidad en el manejo de recursos.
La denunciante enfatizó que este modelo no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón que involucraría a varias instituciones de educación superior con poca acreditación y alta participación en convenios públicos, lo cual facilitaría el lavado de dinero y la evasión de auditorías.
En particular, Jaime Alberto Rincón Prado, rector de la CUN desde 2008, ha estado envuelto en varias polémicas. Desde su ingreso, la universidad ha suscrito múltiples contratos con entidades públicas, incluyendo la evaluación de candidatos a cargos públicos en Cúcuta en 2015, en medio de cuestionamientos por su relación con Víctor Carrillo, aspirante a la Alcaldía local. En Córdoba, la institución evaluó candidatos a la Contraloría regional pese a haber recibido más de 56 mil millones de pesos en regalías a través de convenios de ciencia y tecnología con la Gobernación.
Según la denuncia, estos convenios se usan para justificar transferencias de recursos sin un control efectivo, algo que aún no ha sido investigado a fondo. Además, Rincón Prado aparece mencionado en una investigación de Corrupción al Día, que documenta un proceso judicial contra él iniciado en 2008 por presunta estafa y robo por parte del empresario José Luis Malvehy. Aunque el proceso no ha culminado en una imputación formal, ha estado en manos de múltiples fiscales, incluida la vicefiscal Martha Mancera.
Asimismo, se reporta que parte de los recursos de Rincón Prado se destinaron a la creación del Grupo de Inversión Filigrana, involucrado en sectores como energía y salud. En 2017, también figura como socio en la EPS Medimás, ligada a la empresa Prestnewco SAS, que fue liquidada en 2022 tras acumular deudas superiores a 2 billones de pesos.
Infobae Colombia contactó a los representantes de la Cámara y a la CUN para obtener su versión sobre estos señalamientos, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
