La aparente disminución en los feminicidios reportados en el Estado de México no refleja una reducción real de la violencia de género, sino una estrategia institucional para maquillar los datos, advirtió Pablo Navarrete Gutiérrez, defensor de derechos humanos y abogado acompañante de madres de víctimas. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2023 se registraron 19 feminicidios en la entidad, en contraste con 75 homicidios dolosos de mujeres en el mismo periodo.
Navarrete señaló que esta diferencia revela una negación sistemática del contexto de violencia contra las mujeres y una falta de voluntad para aplicar el protocolo que obliga a investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio. A diez años de la sentencia de la Suprema Corte que ordenó aplicar la perspectiva de género en estos casos, las prácticas institucionales siguen sin ajustarse a ese mandato.
El abogado criticó que, en lugar de determinar si una muerte violenta en mujer es o no feminicidio, la fiscalía descarte esa posibilidad desde un principio, lo cual revictimiza a las familias y dificulta sancionar a los responsables.
En entrevista con El Sol de Toluca, lamentó que la figura jurídica creada para visibilizar la violencia feminicida se use cada vez menos, contradiciendo su propósito y favoreciendo la impunidad. La disminución en la clasificación de feminicidios, afirmó, busca proyectar una narrativa de éxito institucional, aunque la violencia contra las mujeres persista.
Navarrete advirtió que otra práctica problemática es clasificar muchas muertes de mujeres como suicidios o accidentes sin una investigación exhaustiva con perspectiva de género, lo cual impide el acceso a justicia y puede encubrir feminicidios al asumir responsabilidad cero de terceros desde el inicio. Ejemplo de esto es el caso de Mariana Lima, cuyo asesinato fue inicialmente considerado un suicidio, pero que tras insistencias y una sentencia de la Suprema Corte se investigó como feminicidio.
El especialista enfatizó que en México, incluyendo al Estado de México, muchas muertes se clasifican prematuramente sin explorar todas las líneas de investigación. Esto responde a una estructura institucional que privilegia las estadísticas sobre el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, alertó que a nivel nacional ha aumentado un 16% en los últimos diez años el número de suicidios de mujeres, lo que debería alarmar y motivar a revisar si en algunos casos hubo presión, violencia o inducción previa.
Recalcó que todo fallecimiento violento de mujer debe investigarse inicialmente como posible feminicidio, independientemente de la clasificación inicial, pues solo así se puede confirmar o descartar presencia de violencia de género. Además, el informe abundó en que las sentencias por feminicidio en el Estado de México tienden a disminuir, con reducciones de hasta 25 años en las penas máximas, envíando un mensaje permisivo que favorece a agresores.
También destacó que, en casos donde inicialmente se dictó una condena ejemplar, los tribunales de alzada pueden reducir o modificar la naturaleza del delito, incluso en casos relacionados con funcionarios públicos o intentos de ocultar hechos, como en casos previamente reportados como suicidios.
Los municipios del Estado de México, como Chimalhuacán y Ecatepec de Morelos, aparecen entre los 20 con mayor concentración de delitos a nivel nacional, con cada uno representando 1.1% del total en 2023. En la región se han emitido dos alertas de género: en 2015 por feminicidio en once municipios, y en 2019 por desapariciones en siete localidades, pero las organizaciones insisten en que la violencia persiste y las respuestas institucionales son insuficientes.
Navarrete resaltó también la importancia de la iniciativa en el Congreso mexiquense para sancionar penalmente a funcionarios que obstruyan la justicia en estos casos, aunque subrayó que su efectividad dependerá de acompañarla con capacitación y sensibilización del personal judicial.
