Habitantes y ex empleados del municipio de Jilotepec, Estado de México, acusaron a funcionarios municipales de presunta corrupción y malas prácticas que afectan la legalidad de los patrimonios locales. La denuncia, presentada públicamente, señala al Ayuntamiento, liderado por el alcalde Rodolfo Nogués Barajas, de orquestar un entramado de negocios ilícitos en el área de Catastro, Tierras y Contraloría, con participación y complicidad de las autoridades responsables.
Según acusaciones, Abigail Quinto Nogués, directora de Catastro, condiciona trámites y realiza cambios en registros mediante pagos que superan con mucho los montos oficiales, desde 560 pesos hasta 30 mil pesos. Algunos residentes han reportado tarifas de regularización que oscilan entre 7 mil y 500 mil pesos por expediente, dependiendo de la magnitud del proceso.
Estos pagos ilegales serían avalados por Guillermo Alfonso Chapa Martínez, director de Tesorería, quien autoriza el incremento en los cobros, llenando de recursos ilegales a un grupo que ha visto incrementarse su riqueza de manera inexplicada. La Contraloría, encabezada por Francisco Lugo Arce, supuestamente tiene conocimiento de la situación, pero no ha tomado acciones concretas, lo que alimenta sospechas de colusión entre las instituciones municipales.
Asimismo, se denunció un patrón de nepotismo y tráfico de influencias, evidenciado en el ostentoso enriquecimiento de Abigail Quinto, quien habría pasado de tener un estilo de vida modesto a poseer múltiples propiedades y gastos que no corresponden con su sueldo como funcionaria pública. La comunidad también ha alertado sobre intentos de privatización y venta de bienes públicos, como el Patio San José, para la construcción de una sucursal del supermercado "Super Don Nico".
Adicionalmente, comerciantes locales han reportado la reexpedición de documentación de sus propiedades a nombre del Ayuntamiento, lo que sugiere que la gestión del municipio se ha convertido en un mecanismo de apropiación y privatización de bienes públicos, dejando a la comunidad sin protección legal y facilitando la entrega de espacios comunitarios a intereses particulares, en un claro ejemplo de gestión depredadora. La denuncia completa se puede consultar en Quadratin (fuente original).
