Valle de Bravo, Estado de México, 20 de mayo de 2025.- En medio de la crisis nacional por la escasez de agua, se ha destapado un escándalo que revela una red de saqueo en ese municipio, uno de los principales pulmones hídricos del país. La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la existencia de al menos 10 presas ilegales construidas en zonas protegidas, destinadas a la extracción clandestina de agua.
Estas estructuras, relacionadas con empresarios vinculados a Grupo México, son usadas para beneficio privado. La operación ha afectado el equilibrio ecológico y los niveles del sistema Cutzamala, crucial para millones de habitantes en la región.
Las investigaciones apuntan a Germán Larrea, presidente de Grupo México, como uno de los principales responsables, considerando su historial de daños ambientales. Fuentes oficiales señalan que más de 400 predios en Valle de Bravo están bajo investigación por apropiación ilegal de agua.
Otros involucrados en el esquema son Julio Scherer, abogado con conexiones en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Rodrigo Morales, jefe de oficina de la Secretaría, lo que alimenta sospechas sobre una red de complicidad institucional.
En abril de 2025, la FGR realizó un operativo en Mesa Rica, Valle de Bravo, donde se aseguraron 10 presas ilegales y 27 vehículos relacionados. Las obras, sin permisos oficiales, incluyeron maquinaria pesada, desvíos de cauce y lagos artificiales, en una zona reconocida como el Santuario del Agua, importante para la recarga de acuíferos y biodiversidad.
El sistema Cutzamala opera actualmente por debajo del 50 por ciento de su capacidad, situación agravada por estas actividades ilegales. Las comunidades de Mesa Rica y La Huerta reportaron movimientos sospechosos desde 2024, y ante la falta de respuestas oficiales, solicitaron información a Semarnat, que confirmó la carencia de permisos para dichas obras.
A pesar de las evidencias, las construcciones ilegales continúan, en medio del silencio de las autoridades. Los daños en el ecosistema ya son evidentes, con pérdida de vegetación y modificación de cauces.
Este caso evidencia una de las crisis más profundas en México: la impunidad. El saqueo del agua afecta a ecosistemas y comunidades enteras, y la vinculación de los responsables con sectores políticos y económicos dificulta la justicia.
La Profepa anunció que presentará denuncias para ampliar las investigaciones. Sin embargo, los habitantes exigen castigos ejemplares, restauración ecológica y una revisión legal que impida la privatización de los recursos naturales.
Valle de Bravo, antes símbolo de riqueza natural, hoy se convierte en el centro de una lucha nacional por el agua y frente a la pregunta de si las instituciones podrán enfrentar a quienes saquean desde las cúpulas del poder.