Los empleados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) serán liquidados como parte del proceso de disolución del organismo, confirmó Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense. El legislador enfatizó que el proceso se realizará conforme a la ley, asegurando que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. ‘Cuando una institución desaparece, lo normal es la liquidación de sus empleados. Estamos revisando los detalles para que este procedimiento se lleve a cabo respetando todos los beneficios contractuales’, afirmó. No obstante, señaló la posibilidad de que algunos empleados puedan ser reubicados en otras dependencias, siempre que cumplan con los perfiles técnicos y haya vacantes disponibles. Vázquez Rodríguez también aclaró que, en realidad, todavía no es un hecho que el Infoem se transfiera a la Contraloría, pues la ley federal establece que sus funciones pueden transferirse a diferentes órganos de control, ya sea del poder Ejecutivo, Legislativo o autónomos. La desaparición del organismo implica el desafío de diseñar un nuevo modelo para garantizar el acceso a la información pública, por lo que las leyes secundarias en desarrollo definirán cómo se redistribuirán sus funciones. ‘La transparencia no desaparece; solo cambia su estructura operativa. Contralorías internas y otros órganos asumirán estas responsabilidades’, puntualizó. El diputado reconoció que preservar la experticia técnica del personal del Infoem será un reto, ya que su experiencia en materias de transparencia podría perderse con la liquidación general. Paralelamente, el Congreso trabaja en la reforma secundaria del Poder Judicial, que debe concluir antes de julio, dado que implica coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La modificación contempla que solo el 20 por ciento de magistrados y jueces serán renovados en 2023, mientras el resto continuará en sus cargos hasta 2027, con selección basada en criterios técnicos sin cuotas de género. ‘La renovación será gradual y ordenada; en 2027 se concluirá con el proceso’, precisó. En otro tema, Vázquez Rodríguez informó que el Congreso evalúa los perfiles para integrar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, asegurando transparencia y sin exclusiones políticas. Negó que exista veto contra ciertos candidatos, y afirmó que las decisiones se basarán en capacidades, sin influencias partidistas. ‘Morena no opera con vetos ni exclusiones. Evaluamos perfiles objetivamente para seleccionar al mejor candidato para esta importante institución’.
