Desde la medianoche, Lima Metropolitana y el Callao entran en estado de emergencia por un período de 30 días, implementando restricciones sobre actividades y derechos constitucionales. La medida, anunciada por el presidente interino José Jerí y oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM publicado en El Peruano, faculta a la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas para mantener el orden en ambas jurisdicciones.
El decreto ordena controles específicos para combatir delitos y escenarios de violencia, limitando derechos como la libertad individual, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la reunión y la circulación. Enfocándose en la gestión de eventos públicos, cualquier actividad religiosa, cultural, deportiva o de carácter masivo requiere permisos ante las autoridades. Los gobiernos locales, a través de las municipalidades distritales y provinciales, son responsables de supervisar estos eventos y realizar inspecciones técnicas en establecimientos, sobre todo en aquellos que reúnan más de tres mil personas.
Las actividades no masivas pueden realizarse sin autorización previa, mientras que los controles en la vía pública incluirán patrullajes en paraderos, estaciones del metro y zonas estratégicas, además de operativos para detectar personas con requisitoria, realizar controles de identidad y, si es necesario, proceder al descerraje en inmuebles.
Asimismo, se prohíbe que dos adultos viajen juntos en motos lineales, y se reforzarán los controles en vehículos con documentos falsificados o placas no identificables, con decomisos de armas, municiones, explosivos y pirotécnicos ilegales. Los procedimientos también abarcan la inspección de productos pirotécnicos y la supervisión de la fabricación y comercialización.
El Sistema de Inteligencia Nacional llevará a cabo pruebas de polígrafo a personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otros funcionarios designados por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. También se activarán operativos para fiscalizar insumos químicos utilizados en la elaboración de drogas.
En el ámbito judicial, el decreto refuerza las unidades de flagrancia para una respuesta judicial más ágil y otorga medidas de protección adicional a fiscales y jueces que atiendan casos de criminalidad, todo con el fin de garantizar mayor seguridad durante los próximos 30 días en Lima y Callao.
