La Policía Nacional desarticuló en Callao y San Martín de Porres a un grupo criminal compuesto por jóvenes, dedicado a la extorsión de sus propios empleadores. El caso salió a la luz tras la difusión de cámaras de seguridad que registraron a dos mujeres tomando fotos de vehículos y viviendas, imágenes que posteriormente utilizaban para enviar amenazas a las víctimas.
Las investigaciones revelaron que la organización, integrada por familiares y amigos, exigía pagos mensuales que oscilaban entre cinco mil y quince mil soles. Con acceso a datos internos de los negocios donde las víctimas trabajaban, los miembros obtenían direcciones, números telefónicos y horarios, información que utilizaban para intimidar y cobrar por una supuesta protección.
Las primeras evidencias, que muestran a dos mujeres caminando por una calle en Callao y tomando fotografías, despertaron sospechas. Fueron identificadas como Erika Luisa Huaya Mozombite, de 26 años, y Ruth del Carmen Fernández Chunca, de 23, responsables de captar información visual de potenciales víctimas.
Horas después de las tomas, las imágenes eran enviadas acompañadas de mensajes extorsivos. En uno de estos, los delincuentes amenazaban con atentar contra la vida de empleados de una empresa si no realizaban un pago. Pericias policiales confirmaron que estas mujeres formaban parte de una organización liderada por Jorge Óscar Vidal Zapata, pareja de Ruth Fernández, quien coordinaba los cobros y contactaba a las víctimas.
Las autoridades rastrearon transferencias bancarias y encontraron que los depósitos se dirigían a una cuenta registrada a nombre de Erika Huaya Mozombite, la misma que tomó las fotografías. Esto completó la investigación sobre el grupo. Uno de los afectados era el propietario de una tienda de accesorios para celulares, donde Erika y Ruth trabajaron como promotoras. Tras su renuncia, recopilaron información del negocio y su dueño, y posteriormente empezaron a amenazarlo exigiendo cinco mil soles mensuales para evitar problemas, incluso detallando sus movimientos diarios.
La pesquisa también involucró a una tercera joven, Dominic Angelina Chilcon Miller, de 20 años, cuyo nombre apareció en las cuentas donde se realizaron los depósitos extorsivos. Ella tenía una vida activa en redes sociales y se encargaba de recibir el dinero de las amenazas.
La víctima afectada entregó parte del dinero antes de denunciar a la policía, por la presión de los constantes mensajes. La información facilitada fue crucial para seguir el rastro del dinero y detener a todos los implicados.
Durante un seguimiento discreto, las cámaras captaron a Erika Huaya saliendo de su vivienda y a Ruth Fernández caminando por San Martín de Porres junto a su pareja, Jorge Vidal. Ambos fueron intervenidos cuando ingresaban a un departamento que usaban para ocultarse.
En el operativo, la policía confiscó celulares, comprobantes bancarios y documentos con datos personales. Los integrantes del grupo quedaron detenidos por el delito de extorsión, en un caso que generó semanas de temor y hostigamiento a las víctimas, quienes exigieron las máximas sanciones a quienes se valían de la confianza en sus trabajos para obtener información y usarla como mecanismo de amenaza.
