Una decisión reciente de un tribunal de apelaciones en Francia ha otorgado tranquilidad a un trabajador que fue despedido tras denunciar un posible robo en su lugar de trabajo. La resolución ordena el pago de 25,500 euros como indemnización y sienta un precedente sobre la protección a empleados que actúan de buena fe.
El incidente ocurrió durante un turno nocturno en una fábrica en el norte de Francia, donde el trabajador, que llevaba en la empresa desde 2013, notificó a su superior que observó a un colega retirar barras de metal sin autorización visible. La respuesta del jefe fue que dicha retirada estaba autorizada y que los materiales serían destinados a un contenedor, por lo que la sospecha fue desestimada.
Días después, el trabajador fue despedido por "comportamiento inapropiado", lo que desencadenó una disputa legal que duró más de dos años. En primera instancia, un tribunal consideró justificable la decisión de la empresa y ordenó al empleado pagar 1,500 euros en indemnización. En su defensa, el trabajador afirmó que su única finalidad era alertar sobre un posible ilícito, asegurando que su denuncia era una acción de buena fe.
Al recurrir la caso en apelación, los magistrados revisaron las pruebas y la conducta del empleado. Se comprobó que no tenía antecedentes disciplinarios y que su historial laboral era ejemplar. La corte concluyó que su reacción fue proporcional y razonable ante la percepción de un delito y que no actuó con mala intención ni motivado por animosidad.
El fallo resaltó que sancionar a un empleado por denunciar conductas potencialmente delictivas, siempre y cuando actúe con honestidad, viola los principios de justicia y protección de quien revela irregularidades. Expertos consultados por Figaro Emploi señalaron que la sentencia refuerza la importancia de evaluar cada caso en su contexto y proteger a quienes denuncian con integridad.
Finalmente, la empresa fue condenada a pagar 25,500 euros como compensación por despido improcedente, además de cubrir los costos judiciales. Este caso ha intensificado el debate sobre la necesidad de implementar políticas claras para proteger a quienes advierten sobre irregularidades en sus organizaciones.
