A pesar de que el Estado de México enfrenta 11 declaratorias por feminicidio y desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes, los 260 millones de pesos asignados este año para atender la violencia de género están siendo mal utilizados en algunos municipios. En lugar de implementarse en acciones específicas, se destinan a obras de reencarpetamiento, bacheo y alumbrado público sin enfoque de género.
La diputada Ana Yuritxi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión Legislativa para el Seguimiento de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, informó que la primera dispersión de fondos se realizó en mayo y la segunda será en septiembre. Sin embargo, advirtió que la mayor parte del recurso es absorbida por la Junta de Caminos, limitando la capacidad de acción directa a los municipios.
‘No todo es bacheo. Algunos proyectos incluyen reencarpetamiento o luminarias como parte de los llamados ‘senderos seguros’, pero se está olvidando lo esencial: la atención directa a víctimas, la instalación de refugios y casas de atención integral para mujeres’, afirmó Leyva Piñón.
Se prevé realizar próximas visitas a los municipios, donde se presentará y firmará un memorándum de entendimiento y colaboración. Con ello, se buscan establecer compromisos claros entre las autoridades municipales y el Congreso. La diputada hizo un llamado a las colectivas y organizaciones feministas a participar en estas mesas de trabajo, ya que muchas de ellas documentan casos, brindan acompañamiento emocional y legal, y conocen de cerca las omisiones de las instituciones.
La Comisión planea reunirse con los presidentes municipales de los 11 municipios con alerta de género, siete de los cuales enfrentan doble alerta por feminicidio y desaparición. El objetivo es verificar cómo se están usando los recursos, las acciones concretas realizadas y los resultados obtenidos.
Estas reuniones se realizarán en las próximas dos semanas en municipios como Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Se espera comenzar tan pronto las autoridades locales confirmen fechas, con la meta de evaluar el uso de fondos antes del 30 de noviembre, fecha límite para la comprobación.
Un problema adicional detectado por la legisladora es que algunos municipios no ejercieron en su totalidad los recursos en 2024 y optaron por devolverlos. Esto refleja falta de planificación o desconocimiento sobre su correcta aplicación. Entre los casos destacables están Toluca, que devolvió 106 mil 438 pesos (62 mil 578 por feminicidio y 43 mil 860 por desaparición); Nezahualcóyotl, con 119 mil 601 pesos en total; Tultitlán, con 3 mil 106; Tlalnepantla, con 3 mil 794; Valle de Chalco, con 6 mil 308; y Cuautitlán Izcalli, con 40 mil 684.
Aunque los montos pueden parecer pequeños, para la diputada resulta inaceptable que no se ejerzan en un contexto de emergencia para muchas mujeres y sus familias. Los municipios tienen hasta el 30 de noviembre para justificar la aplicación del total del recurso; de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones como la prohibición de recibir fondos en el siguiente ejercicio fiscal o la devolución de los recursos no usados.
‘Es preocupante que algunos devuelvan el dinero como si fuera un trámite administrativo, cuando en realidad eso significa que no se realizaron acciones para prevenir o atender la violencia’, expresó Leyva Piñón.
Por último, reiteró la necesidad de crear comisiones edilicias permanentes en los 125 municipios del Estado de México, encargadas de atender y dar seguimiento a los casos de feminicidio y desaparición. Esta iniciativa fue presentada en la legislatura pasada y busca retomarse en el periodo actual para fortalecer la atención en la materia.
