¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando las comunidades autónomas enfrentan acusaciones por realizar trabajos esenciales? Esto pasa en Acolman, donde el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denuncia la presunta detención arbitraria de un miembro del Comité Autónomo de Agua en Santa Catarina.
Era martes por la mañana cuando, alrededor de las 11:39 horas, elementos de la policía municipal detuvieron a José Sánchez Sánchez en la calle Cuauhtémoc, esquina con Tlahuilco. La razón: supuestamente, no contar con permisos del gobierno local para realizar labores de mantenimiento en la red de distribución de agua, a pesar de que él se identificó como parte del equipo de fontanería del sistema comunitario.
¿Y qué ocurrió después? La organización defensora de derechos humanos señala que Sánchez fue retenido hasta las 14:00 horas y liberado tras la presión ciudadana, sin que se le imputara ningún cargo formal. Esto ha provocado una fuerte reacción: el Centro Zeferino Ladrillero califica el incidente como una violación al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y a la gestión autónoma del agua.
Pero, ¿qué dice el Ayuntamiento de Acolman? La autoridad local asegura que no hubo una detención arbitraria. Según ellos, los policías solo solicitaron la autorización correspondiente para los trabajos en la vía pública, la cual no fue presentada por Sánchez. La versión municipal indica que el hombre abordó por su propio pie la patrulla con número económico SP-2524 después de no acreditar permisos.
La controversia no termina aquí. Horas más tarde, el Centro Zeferino Ladrillero demandó el cese inmediato de la criminalización, el hostigamiento y los intentos de intimidación contra los integrantes del Comité Autónomo de Agua en Santa Catarina. Además, hizo un llamado al respeto por los acuerdos, permisos y la normativa vigente en materia de sistemas comunitarios del agua, defendiendo la autonomía de las comunidades para administrar sus recursos hídricos.
¿Será que la norma debe adaptarse a estas formas de gestión? La discusión sigue abierta, pero lo que está claro es que en Acolman se enfrentan a un conflicto que plantea profundas dudas sobre derechos, permisos y autonomía comunitaria.
