Liseth, una mujer venezolana de 27 años, y su hijo Misael, de cinco años con discapacidad auditiva, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). La detención ocurrió la noche del 25 de junio mientras acudían a apoyar a un familiar que buscaba regresar voluntariamente a Venezuela. La operación se llevó a cabo sin orden legal y sin respetar los derechos de la madre y el menor, quienes fueron trasladados a un recinto no identificado en Toluca, donde permanecen incomunicados. El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) asumió la defensa legal de la familia, denunciando que Liseth fue interceptada al llegar a la terminal respetando solo la ayuda a su hermano, y sin ninguna justificación legal, fue retenida junto con su hijo por varias horas en condiciones adversas, sin alimentos. La pareja mexicana de Liseth, Víctor Manuel, presenció la situación y explicó que agentes del INM solicitaron apoyo de la Guardia Nacional para retirar a la madre y su hijo del aeropuerto. Una camioneta sin logotipos oficiales los recogió y los llevó a Toluca, sin detalles concretos sobre su destino. El 26 de junio, Liseth logró enviar su ubicación por WhatsApp, indicando que posiblemente se encontraba en un albergue del Sistema DIF en el Estado de México, pero desde entonces no ha mantenido comunicación. La coordinadora jurídica del IMUMI, Lorena Cano Padilla, afirmó que el INM actuó fuera de protocolo y sin justificación legal, y recordó que la Ley de Migración prohíbe la detención de niños y adolescentes por motivos migratorios desde 2020, aunque en la práctica estas detenciones aún ocurren mediante traslados a centros de asistencia social, en condiciones de restringido contacto con el exterior. La familia ha estado en la Ciudad de México los últimos seis meses, con residencia estable y asistiendo a la escuela, donde reciben apoyo por la discapacidad auditiva de Misael. Cano criticó que en este caso no se respetaron los derechos del menor ni el debido proceso, y que se busca evitar una deportación a Venezuela o su traslado a regiones del sur. Por ello, IMUMI interpuso un amparo y presentó quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, sin respuestas aún. La abogada también destacó que la regularización migratoria en México resulta costosa y difícil de acceder para muchas familias, con trámites que pueden superar los 17 mil pesos por persona. Además, IMUMI denunció que estas detenciones están dirigidas desproporcionadamente contra personas racializadas y en situación de pobreza, principalmente latinoamericanos, haitianos, africanos o asiáticos, en contradicción con la inmunidad de ciudadanos de Estados Unidos o Canadá en condiciones similares. El instituto hizo un llamado al comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para que garantice la protección de los derechos humanos de la familia, señalando que mantener a los detenidos aislados y sin comunicación también constituye una forma de privación de libertad ilegal. Víctor Manuel sigue sin noticias sobre Liseth y Misael, y acudió al lugar donde ella envió su ubicación, pero se le negó el acceso. La abogada expresó su preocupación por su estado emocional y la incertidumbre en la que se encuentran. Actualmente, IMUMI acompaña mensualmente entre 30 y 55 casos similares, principalmente de mujeres y familias afectadas por detenciones y rechazos en procesos migratorios, aunque todavía no se conocen detalles específicos sobre la situación de esta familia venezolana.
