La captura de Nazario Ramírez Ramírez, secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, reveló la penetración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en estructuras sindicales y políticas del estado. Considerado uno de los operadores logísticos del cártel, Ramírez habría utilizado su influencia en el sector del transporte para coordinar actividades ilícitas y encubrir operaciones del grupo criminal.
El 15 de octubre de 2025, fuerzas federales realizaron un operativo en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, que culminó con la detención de Ramírez y otras dos personas, así como el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y material de comunicación. La acción contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gobierno de Jalisco.
Se llevaron a cabo cuatro cateos en inmuebles ligados al CJNG, logrando la captura de Ramírez, Juan Martín Espinosa “N” y Jorge Octavio Quezada “N”. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en los próximos días.
Conocido en Jalisco como un dirigente influyente en el sector del transporte afiliado a la CTM, Ramírez gestionaba rutas, permisos y negociaciones gremiales. Sin embargo, las autoridades lo vinculan con extorsiones, cobros de piso y distribución de drogas, operando en complicidad con el cártel.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que Ramírez coordinaba actividades ilícitas en Jalisco y Puebla, en particular en el municipio de Oriental. Utilizaba sus conexiones gremiales para controlar rutas de transporte, lavar dinero y trasladar mercancía ilegal bajo la cobertura sindical.
Las investigaciones también involucran cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud, ampliando el espectro de las acusaciones.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, aproximadamente un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, además de computadoras y teléfonos celulares, que supuestamente eran utilizados para coordinar actividades criminales. Entre los vehículos asegurados figura uno blindado, lo que evidencia la protección y recursos logísticos proporcionados por el CJNG.
Se profundiza además en una estructura paralela que Ramírez mantenía dentro del sindicato, con la que controlaba rutas en Tlajomulco y municipios colindantes, facilitando extorsiones, cobros de cuota y servicios de transporte al cártel como si fueran actividades legales.
El caso tomó relevancia política después de que circulara una fotografía del gobernador Pablo Lemus con Ramírez. En una entrevista con Carmen Aristegui, Lemus confirmó haber coincidido con el líder sindical en eventos públicos, pero negó tener alguna vinculación de protección, asegurando que si Ramírez incurrió en delitos, tendrá que responder ante la justicia.
Lemus afirmó que Ramírez era considerado un objetivo prioritario del gabinete de seguridad federal y que su administración colabora con la Fiscalía para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
