TLALNEPANTLA, Estado de México, 13 de junio de 2025.- El sacerdote Antonio N., miembro de los Legionarios de Cristo y exdirector de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, fue detenido por elementos federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladado al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, tras la emisión de una orden de aprehensión por presunta violación agravada contra un menor de edad. La detención se dio en respuesta a una denuncia presentada en enero pasado, que señala al menos tres ataques ocurridos entre 2004 y 2011 en Naucalpan. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que el caso será llevado ante un juzgado especializado en la región para determinar las siguientes acciones judiciales. La relevancia del caso reside no solo en la gravedad de las acusaciones, sino también en el perfil del imputado, quien tuvo cargos directivos en el Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI) y una trayectoria académica en instituciones como la Universidad Anáhuac y la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta el momento, las instituciones académicas han guardado silencio, mientras que la congregación religiosa a la que pertenece expresó su disposición a colaborar con las autoridades. La decisión de trasladarlo al penal de Barrientos en Tlalnepantla reafirma la competencia del Estado de México en este caso, en una situación en la que la Fiscalía local ha reforzado en los últimos años su actuación en delitos sexuales, particularmente en casos vinculados con instituciones religiosas. Este nuevo episodio se suma a una serie de denuncias históricas contra miembros de los Legionarios de Cristo, una congregación que ha sido objeto de escrutinio público desde hace más de dos décadas, principalmente por su relación con Marcial Maciel, fundador acusado de múltiples abusos. Aunque la orden ha llevado a cabo procesos de reforma interna, hechos como este reavivan la preocupación por sus mecanismos de control y transparencia. A medida que avanza la audiencia inicial y el proceso legal en territorio mexiquense, el caso continúa en desarrollo, representando un reto para instituciones con reconocimiento en los ámbitos académico y religioso en la región.
