El diputado Óscar Izquierdo, representante del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, fue destituido de su cargo como director de Cooperación y Asuntos Internacionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La separación fue comunicada el 10 de febrero en medio de una reorganización administrativa, según documentó la Gerencia General del AyA en el oficio n.º GG2025-03165, que informó que la plaza de Izquierdo sería eliminada debido a la falta de plazas vacantes compatibles con su perfil y la imposibilidad de reubicarlo sin afectar la continuidad de los servicios.
Izquierdo, quien gozaba de un permiso sin goce salarial para ejercer como diputado durante cuatro años, alertó que su despido responde a una persecución política. En sesión legislativa, acusó al gobierno de ser responsable de una “persecución atroz” y afirmó que la decisión carece de fundamentos jurídicos. "Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme sin argumentos", declaró.
La bancada del PLN mostró respaldo a Izquierdo, con miembros como Luis Fernando Mendoza y Kattia Rivera calificando la medida de injusta y señalando un patrón de persecución política. La diputada Rivera calificó la situación como “vergonzosa”, mientras que otros partidos, como el Frente Amplio, criticaron la acción y llamaron a defender a los legisladores que piensan diferente, advirtiendo sobre riesgos de autoritarismo.
Según Izquierdo, los rumores y presiones para remover su cargo comenzaron en septiembre, en el contexto de la votación para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en el caso "BCIE-Cariñitos". El propio mandatario mencionó su paso por el AyA y la supresión de oficinas dentro de la institución, lo que Izquierdo interpretó como una señal directa de su inminente destitución.
Tras enterarse por medios de comunicación y un correo oficial, el legislador afirmó: “No había un solo criterio técnico y fue en contra del criterio jurídico”. La polémica escaló en la sesión legislativa del martes, cuando la diputada Dinorah Báquer, del PLN, solicitó a la presidenta electa, Laura Fernández, que defendiera la democracia.
El AyA justificó la eliminación de la plaza por motivos de reorganización administrativa y mantuvo su postura de no hacer referencia a las acusaciones de persecución política en sus comunicaciones oficiales. Mientras tanto, Óscar Izquierdo no descarta emprender acciones legales ante la controversia que continúa generando repercusiones en el escenario político de Costa Rica, en medio de las tensiones por el uso de mecanismos institucionales y derechos políticos.
