El diputado Octavio Martínez Vargas solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) profundizar en la investigación del presunto desvío de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), considerado uno de los escándalos de corrupción internos más graves en la institución.
Según la Fiscalía, Omar “N”, jefe del departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, fue detenido por su presunta participación en el delito de abuso de confianza, al intentarse sustraer 32.5 millones de pesos que formaban parte del presupuesto público del órgano autónomo.
No obstante, Martínez Vargas aclaró que los recursos fueron sustraídos mediante tokens autorizados, pertenecientes a un funcionario de confianza del presidente del Tribunal, Gerardo Becker Ania, lo que implica directamente a servidores públicos del propio órgano jurisdiccional.
‘No fue un hackeo como el magistrado Becker afirmaba. No se trató de un intento externo. El dinero fue robado desde adentro, con claves oficiales, con nombres y cuentas identificadas. Y, sin embargo, llevamos veinte meses sin resultados reales’, afirmó.
Durante su intervención en tribuna, el diputado acusó a Becker de haber mentido al atribuir el desfalco a un hackeo, versión desmentida por los datos bancarios, que revelan que un administrador nombrado por el propio Becker, Tomás, fue quien realizó la dispersión del dinero usando su propio token de seguridad. Además, subrayó que el dinero no fue recuperado, ya que el banco restituyó los fondos mediante un seguro de responsabilidad institucional, sin que esto sea excusa para el robo.
‘El tribunal que debería sancionar faltas administrativas está hoy envuelto en una de las peores crisis documentadas en el Estado de México. No podemos permitir el silencio ni la omisión institucional’, advirtió.
Martínez Vargas criticó la lentitud de la FGJEM, que en casi dos años de investigación solo ha imputado abuso de confianza, sin cargos por robo o desvío de recursos públicos. Además, destacó que las transferencias del dinero se hicieron a cuentas en Guanajuato y Aguascalientes, cuyas vinculaciones ya están acreditadas con datos del banco y la Fiscalía.
‘La información ya está. Se sabe a qué cuentas llegó el dinero, quién las abrió, en qué fechas, ¿y aún no actúan? ¿Qué más necesitan? ¿Qué están encubriendo?’, cuestionó.
El legislador recordó que desde el 1 de enero de 2023, el TRIJAEM y otros órganos autónomos del Estado de México tienen plena autonomía en el manejo de sus recursos, por lo que Gerardo Becker Ania tenía plena responsabilidad administrativa y legal sobre ellos.
‘Hablamos de una institución que debe promover la legalidad y la transparencia, pero hoy está señalada por una de las mayores corrupciones internas. Es una locura: el tribunal, encargado de sancionar faltas administrativas, envuelto en una grave corrupción’, lamentó.
Finalmente, Martínez resaltó que ciudadanía ha sido encarcelada por delitos menores, como robo de alimentos o pequeñas cantidades de dinero, mientras en este caso, que involucra 32 millones, aún no hay responsables claros ni sanciones ejemplares.
El diputado exhortó a Héctor Macedo, próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), a actuar con firmeza para reconstruir la confianza en el Poder Judicial. ‘Su primera prueba es limpiar esta institución. Si no, será cómplice por omisión’.
