Tras una sesión que duró más de 15 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una serie de modificaciones a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Con 322 votos a favor, principalmente de Morena y sus partidos aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, la iniciativa ganó el respaldo, mientras que la oposición formal, integrada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, sumó apenas 128 votos en contra.
Originalmente, el dictamen excluía un artículo transitorio propuesto en el Senado que contemplaba la aplicación retroactiva de la Ley de Amparo. Sin embargo, cerca de la madrugada de este martes, la mayoría oficialista aprobó cambios al documento original, incluyendo en otro artículo transitorio una propuesta para la retroactividad.
De acuerdo con las modificaciones, "las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos seguirán rigiéndose por las leyes vigentes al inicio del proceso, y las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto se regirán por sus disposiciones, sin retroactividad ni afectación a derechos adquiridos", según el texto aprobado.
También fueron aprobados cambios específicos propuestos por legisladores de Morena, como la corrección del artículo 128 para sustituir "interés público" por "disposiciones de orden público" y medidas para limitar suspensiones en ciertos casos.
La oposición denunció que la reforma fue alterada mediante un "fraude legislativo", alegando que no se realizaron consultas ciudadanas previas y criticando la inclusión de la retroactividad en el dictamen final.
Durante la sesión, el grupo parlamentario del PRI declaró su postura contraria y acusó al acuerdo de ser una reforma "criminal". El dirigente priísta Rubén Moreira y otros legisladores mostraron pancartas con mensajes en contra del oficialismo, mientras que panistas como Germán Martínez advirtieron sobre posibles repercusiones internacionales.
Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano defendieron el amparo como una herramienta vital para la protección de derechos humanos y causas sociales, enfrentándose a los argumentos oficialistas, que justificaron la reforma como un mecanismo para combatir la evasión fiscal y limitar el uso de amparos en casos de delitos financieros.
El proyecto presentado por el Ejecutivo federal incluye, además, la digitalización de notificaciones en los juicios de amparo y restricciones en suspensiones relacionadas con investigaciones por lavado de dinero o afectaciones al sistema financiero, especialmente por la Unidad de Inteligencia Financiera.
También se definieron conceptos jurídicos clave y un plazo de 90 días para resolver los juicios en materia fiscal, junto con herramientas para su agilización.
Las modificaciones en el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa excluyen la competencia de este tribunal en juicios contra resoluciones fiscales.
Finalmente, tras su aprobación, la reforma será enviada al Senado para su discusión definitiva, antes de ser remitida al Presidente para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
