La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas en materia de lavado de dinero destinadas a mejorar la vigilancia y reporte de operaciones sospechosas realizadas por personas físicas, empresas y fideicomisos. Sin embargo, la oposición expresó preocupaciones por la discrecionalidad y la falta de mecanismos de control en las nuevas disposiciones.
La diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, destacó la necesidad de ampliar la lista de actividades vulnerables y fortalecer las capacidades de las autoridades financieras para detectar beneficiarios finales en transacciones financieras. No obstante, criticó que la ley otorga a la Secretaría de Hacienda un acceso irrestricto a información sensible, como datos fiscales, patrimoniales, biométricos, e incluso detalles de sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos, sin restricciones judiciales ni límites claros.
Reyes de la Torre también expresó su preocupación por la definición de personas políticamente expuestas, la cual, afirmó, podría afectar no solo a los implicados directos, sino también a familiares, colaboradores o allegados, incrementando el riesgo de abusos sin controles adecuados.
Por otra parte, el diputado César Moreno Rivera, de Morena, celebró que las reformas obligan a personas y empresas con actividades de riesgo a capacitar anualmente a su personal sobre lavado de dinero, además de permitir identificar al propietario o beneficiario controlador de las operaciones financieras para evitar el encubrimiento por parte de criminales. La legislación también incluye a fideicomisos, que ahora deberán cumplir obligaciones similares a las de cualquier otra empresa, como reportar operaciones sospechosas y nombrar representantes, en línea con recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera.
Pese a estos avances, algunos legisladores de oposición, como César Augusto Rendón García, del Partido Acción Nacional, expresaron dudas sobre la implementación, cuestionando la falta de detalles sobre sanciones, plazos para reportar operaciones riesgosas y la ausencia de medidas para capacitar a la población en estos nuevos requerimientos.
Las reformas fueron aprobadas con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, y ahora serán enviadas al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
