Tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó al menos 27 fallecidos, el Congreso del Estado de México analiza la posibilidad de legislar sobre la circulación de unidades que transportan materiales peligrosos en las principales vías de la entidad. La diputada Selina Trujillo, presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, afirmó que es urgente implementar un programa estatal que regule y supervise el traslado de gas LP, complementando las normas federales del 2 de octubre pasado.
Trujillo resaltó que el territorio mexiquense presenta particularidades, como alta densidad poblacional, extensas zonas industriales y muchas viviendas dependientes del gas LP, lo que requiere adaptar las políticas públicas y fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y municipales para proteger a la población, sin afectar la operación de un servicio esencial. En su propuesta, sugirió crear un sistema de monitoreo en tiempo real, obtener certificaciones estatales y mantener registros públicos de unidades y operadoras, medidas que incrementarían la transparencia y la confianza ciudadana.
Aunque todavía no existe un proyecto concreto, legisladores de distintas fuerzas políticas coinciden en la necesidad de revisar y reforzar el marco normativo. El coordinador del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, señaló que no se debe legislar apresuradamente tras incidentes trágicos, pero reconoció que la problemática demanda atención seria. "Tenemos una agenda legislativa en curso y, si alguna propuesta beneficia al Estado de México, la apoyaríamos sin duda", declaró.
Por su parte, Ruth Salinas Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que la tragedia en Iztapalapa pone en evidencia la falta de políticas preventivas y de movilidad tanto a nivel federal como estatal. A pesar de que el Reglamento de Tránsito local contempla restricciones para unidades con sustancias peligrosas, su aplicación y las sanciones correspondientes son limitadas, lo que fomenta la impunidad.
"En México, generalmente reaccionamos solo después de una tragedia. La verdadera ley debe centrarse en prevenir, sancionar, regular horarios y limitar cargas. Sin esas acciones, no avanzaremos", afirmó Salinas, quien anunció que su bancada solicitará la comparecencia del secretario de Movilidad estatal para analizar la situación y avanzar hacia una nueva Ley de Movilidad.
Trujillo también subrayó que, tras las normativa federal emitida por las secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que incluye requisitos como GPS, gobernadores de velocidad y certificación de conductores, el Estado de México debe diseñar su propia estrategia sin duplicar esfuerzos. El territorio alberga la mayor concentración de pipas y zonas donde urbanización e industria conviven, por lo que requiere un control más cercano y responsable.
A nivel nacional, el Senado también anunció que revisará la legislación sobre transporte de combustibles y materiales peligrosos para establecer estándares más estrictos, incluyendo GPS obligatorio, certificación de mantenimiento y límites de velocidad, además de mejorar la coordinación con autoridades de protección civil.
"No podemos esperar otra tragedia para actuar. La prevención y regulación son indispensables", concluyó Salinas.
