La decisión de Brookfield Asset Management de disolver su filial Rutas de Lima ha generado alarma en el sistema financiero peruano. Según Bloomberg, esta medida podría acarrear pérdidas significativas para los fondos de pensiones del país, principalmente para Prima AFP, la principal tenedora de los bonos emitidos por la concesionaria. La filial enfrenta una deuda de S/ 1,500 millones (aproximadamente US$ 443 millones) en bonos locales, los cuales, según agencias de calificación crediticia, están al borde del default.
Brookfield, empresa canadiense que operaba las autopistas más transitadas de Lima, justificó su salida por pérdidas insostenibles derivadas de un conflicto judicial con la Municipalidad Metropolitana de Lima. La autoridad municipal sostiene que los contratos de concesión representan corrupción y una carga desproporcionada para los ciudadanos, lo que ha llevado a la suspensión de peajes y a la paralización de ingresos para la empresa, agravando su situación financiera.
Los bonos con vencimientos en 2036 y 2039, emitidos hace más de diez años y considerados en su momento la mayor colocación en soles en Perú, han perdido cerca de dos tercios de su valor, cotizando a una fracción de su precio original. Esto afecta directamente las inversiones de millones de trabajadores afiliados a las AFP.
Cuatro fondos privados— Prima, Integra, Habitat y Profuturo— adquirieron gran parte de estos bonos cuando tenían grado de inversión. La calificadora S&P Global Ratings mantiene los bonos en categoría CC, señalando que un default es «prácticamente inevitable». La situación se agravó tras una sentencia que ordenó la cancelación de los últimos peajes operativos, disminuyendo casi a cero los ingresos de Rutas de Lima.
El riesgo para los fondos de pensiones es alto. Bloomberg estima que los bonos representan aproximadamente el 0.6% de los S/ 110,000 millones que administran las AFP, lo que, aunque parezca bajo, representa una de las posibles pérdidas más grandes en la historia del mercado de capitales peruano.
El escenario más optimista contempla que la Municipalidad de Lima asuma la deuda, tal como lo prevé el contrato en caso de cierre de la concesionaria, aunque la elevada carga financiera municipal, que destina cerca del 30% de su presupuesto a pagar deudas, hace esto poco probable.
La incertidumbre persiste para inversionistas y afiliados, y un posible impago total podría afectar los rendimientos de los fondos y sentar un precedente negativo en el mercado financiero peruano. La Municipalidad ha mantenido una postura firme contra los peajes, basando su rechazo en alegaciones de corrupción, y ha rechazado varios laudos arbitrales que fallaron a favor de Rutas de Lima.
Por su parte, Brookfield ha denunciado al Estado peruano por expropiación ilegal y reclama US$ 2,700 millones. Pese a ello, decidió proceder con la liquidación de su filial peruana, declarando inviable la continuidad bajo las condiciones actuales. El conflicto ha estado politizado, y figuras como el alcalde Rafael López Aliaga han celebrado la disolución, calificando a Brookfield como «una mafia».
