En vísperas de la elección del próximo 1 de junio en el Estado de México, ha comenzado a circular, a través de grupos de WhatsApp, un documento denominado ‘acordeón’. Este archivo contiene los números específicos de jueces y magistrados por los que supuestamente se debe votar en el proceso inédito para elegir a 89 cargos del Poder Judicial local.
Diversas fuentes señalan que la lista ha sido distribuida por grupos vinculados a Morena, generando críticas por posible violación a la legislación electoral. El contenido del ‘acordeón’ indica claramente los nombres, cargos, género y, lo más relevante, los números con los que cada aspirante aparece en las boletas electrónicas.
Estos números son fundamentales, pues al momento de votar, la ciudadanía deberá ingresar el número del candidato o candidata preferida. La circulación de este documento busca influir en esa parte del proceso, lo cual contraviene el principio de voto libre y secreto.
Entre los casos destacados se encuentra el magistrado en funciones Héctor Macedo García, quien aparece en la boleta para la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Aunque actualmente ocupa ese cargo, por ley debe ganar la elección en la Región III, con cabecera en Texcoco, para poder ser presidente.
El documento también incluye recomendaciones explícitas para las candidaturas en el Tribunal de Disciplina Judicial.
En cuanto a las candidatas femeninas, el ‘acordeón’ señala nombres específicos, al igual que en la lista masculina, que resalta a aspirantes como Juan José Ángeles González (24), en funciones; Alejandro Archundia Gorostieta (34), postulado por el Legislativo; y Edgar Ramírez Valdés (46), respaldado por el Legislativo y el Judicial.
En las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia en materia civil se destacan nombres como [detalles no especificados en el texto], mientras que en materia familiar también aparecen otros aspirantes.
Este fenómeno del ‘acordeón judicial’ pone en evidencia las tensiones del proceso electoral más inusual en la historia del Poder Judicial mexiquense y plantea interrogantes sobre la influencia política en un sistema que debería operar con principios de neutralidad, independencia y legalidad.
Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido pronunciamiento oficial sobre el contenido de este documento. Sin embargo, el 1 de junio la ciudadanía mexiquense será quien decida el destino de uno de los poderes más relevantes del Estado. La aparición de mecanismos que orientan el voto y vinculan intereses políticos pone en riesgo la confianza en un proceso que, en su origen, buscaba mayor participación ciudadana y transparencia en la designación de jueces y magistrados.