La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informó este viernes la realización de un paro nacional docente programado para el 2 de marzo, en medio de un plan de acción que contempla movilizaciones, acampes y caravanas en distintas regiones del país. La medida busca presionar al gobierno por una pronta convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y exigir un incremento salarial que supere la inflación.
Organizaciones sindicales de la CGT, encabezadas por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que el inicio de clases en 2026 está en riesgo, y que la situación podría empeorar si el Estado no activa ya el diálogo paritario y contrarresta la severa crisis presupuestaria que afecta a la educación pública.
En un congreso extraordinario, CTERA, liderada por Sonia Alesso, expresó además el rechazo a reformas laborales consideradas regresivas y a proyectos que promueven la mercantilización de la educación. Entre sus demandas están una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente en el presupuesto educativo. La organización también solicitó mejores condiciones laborales, infraestructura digna, recursos pedagógicos, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios.
Asimismo, CTERA reiteró su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno de Javier Milei y anunció que durante marzo efectuará acciones informativas para esclarecer la verdadera intención del proyecto y sus posibles impactos en la educación pública.
Por su parte, la UDA, liderada por Sergio Romero, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), bajo la dirección de Fabián Felman, advirtieron que sin una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto docente podría agravarse y afectar la implementación del ciclo escolar, en un contexto donde el sector sufre el mayor recorte presupuestal en décadas y bajos salarios mínimos que rozan niveles de indigencia.
Las organizaciones sindicales denunciaron que la derogación de normativas que garantizaban la inversión en educación y en la formación técnico-profesional está deteriorando la calidad educativa, aumentando la desigualdad y poniendo en riesgo el futuro de millones de estudiantes.
Los gremios coincidieron en señalar que una paritaria es esencial para mantener el diálogo social y resolver los conflictos laborales, exigiendo al gobierno que cumpla con su obligación de convocarla conforme al artículo 10 de la Ley 26.075. También expresaron su rechazo ante un borrador de reforma educativa que circula y que consideraron atentatorio al sistema educativo argentino.
Finalmente, UDA y CEA reiteraron que defenderán los derechos salariales y laborales de todos los docentes y que, sin una respuesta del Ejecutivo, las movilizaciones y paros continuarán como mecanismo de defensa del sistema educativo y de las condiciones de sus trabajadores.
