Tras reactivarse la investigación por la desaparición de Rubén "Mencho" Gill, Margarita Gallego y sus cuatro hijos, se confirmó que el próximo 12 de noviembre a las 8:30 horas se realizará una nueva inspección en el campo "La Candelaria" en Entre Ríos, con el objetivo de encontrar indicios que esclarezcan el destino de la familia, desaparecida desde el 13 de enero de 2002.
La reapertura del predio fue ordenada por el juez de Transición y Garantías de Nogoyá, Oscar Rossi, a petición del abogado querellante Marcos Rodríguez Allende, representante de la familia Gallego. La operación incluirá una inspección ocular judicial y procedimientos tecnológicos de última generación, con participación de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, la División Policía Científica y la División de Investigaciones de la Jefatura Departamental de Nogoyá.
Entre los recursos tecnológicos destacados para esta búsqueda están los drones DJI Matrice 300, que permitirán capturar imágenes aéreas de alta resolución para delimitar con precisión las 600 hectáreas del predio y georreferenciar áreas clave.
Además, se planea solicitar la colaboración de la NASA para acceder a imágenes satelitales retroactivas de 2002, con el fin de detectar posibles movimientos de tierra o fosas, lo que ofrecería una ventaja crucial en la investigación.
"Creemos que los cuerpos están enterrados allí", afirmó Rodríguez Allende en una entrevista en el programa "Cuestión de Fondo" de Canal 9 de Entre Ríos. "La utilización de esta tecnología puede ser determinante para identificar zonas de interés y avanzar en la causa."
El abogado también explicó que la intervención irá más allá de una simple inspección judicial, involucrando toda la tecnología moderna a disposición de las fuerzas policiales e de inteligencia, con el propósito de cartografiar exhaustivamente el campo y renovar testimonios que aún permanecen pendientes, especialmente tras la muerte del dueño del campo en 2016.
La principal destinataria de las pesquisas sigue siendo María Delia Gallego, madre de Margarita y abuela de los niños desaparecidos, quien se ha mantenido activa en la búsqueda. "Ella merece saber la verdad, al igual que la provincia y el país", subrayó el representante legal.
Una vez concluido el operativo, se elaborará un informe técnico integral que determinará los próximos pasos judiciales. La posibilidad de encontrar respuestas tras 23 años de incertidumbre en Crucesitas Séptima reaviva la esperanza.
El caso se remonta a la desaparición de la familia Gill, cuyo paradero se desconocía durante tres meses hasta que el patrón para el que trabajaban, Alfonso Goette, declaró en 2002 que la familia se fue de vacaciones y nunca regresó, versión que fue rechazada por los allegados, quienes destacaron que la casa permanecía intacta, con muebles, documentos y ropa en su sitio, aspectos que alimentaron sospechas.
Los familiares también señalaron que Margarita Gill había dejado sueldos sin cobrar en la escuela donde era cocinera, añadiendo dudas sobre la versión de Goette.
La investigación oficial fue lenta: en julio de 2003, 18 meses después de la desaparición, se realizó la primera inspección en la estancia, sin resultados concluyentes. Se llevaron a cabo diversos rastrillajes, excavaciones y controles en las fronteras, pero sin hallazgos definitivos.
El caso resurgió después de la muerte de Goette, ya que nuevos testimonios comenzaron a surgir. Federico Uriburu, fiscal a cargo, explicó que la desaparición cobró nuevo impulso tras declaraciones de testigos que afirmaron haber visto a Gill en 2002, expresando malestar por los pozos que el dueño del campo le había obligado a cavar, lo que refuerza las hipótesis vinculadas con la desaparición ocurrida en ese predio.
